Los invitados al coloquio mensual de la revista no dejaron de recomendar medidas drásticas como la participación de las Fuerzas Armadas para acordonar las zonas afectadas por los incendios, en un situación que implica, además, la participación de varios factores y actores incluso controvertidos…
EDICIÓN 135 | 2024
Vesna Marinkovic U.
Magdalena Medrano, ingeniera medioambiental y presidente de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), advirtió sobre la grave situación que atraviesan los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba en Bolivia, afectados en un 90% por incendios que han desbordado cualquier capacidad de control. “Ya no estamos hablando de desastres, sino de una catástrofe”, señaló durante el coloquio mensual de la revista ENERGÍABolivia.
Según Medrano, aunque los incendios deberían estar regulados por la norma que permite la quema controlada de tierras, la magnitud actual ha sobrepasado todos los límites. “Estos incendios no son producto de una práctica cultural, sino que están siendo impulsados por intereses políticos y económicos, particularmente por aquellos que buscan ampliar la frontera agrícola”.
En su criterio, el fuego ha devastado zonas forestales que no podrán ser aprovechadas para la producción agrícola debido a las características del suelo. “Bolivia, que se posicionaba como uno de los países más biodiversos del mundo, está perdiendo esa riqueza natural”, lamentó Medrano, destacando la destrucción de flora y fauna únicas en el mundo.
DAÑOS IRREPARABLES
En relación al Decreto Supremo 5225 promulgado por el Gobierno de Luis Arce Catacora, que establece una pausa ecológica con la prohibición de quemas, lo calificó como una medida tardía e insuficiente. Según Magdalena Medrano, este decreto, promulgado en septiembre de este año, llega en un momento en que los incendios ya han causado daños irreparables. “Es un saludo a la bandera”, afirmó Medrano, destacando que la falta de reglamentación del decreto y las presiones de sectores como los interculturales, principalmente, han limitado su aplicación.
El decreto llega en un contexto en el que Bolivia ha perdido más de 10 millones de hectáreas de bosque, una extensión superior al tamaño del departamento de Cochabamba. “La tragedia es inmensa. El daño ya está hecho, se han perdido áreas con biodiversidad única que ni siquiera habían sido catalogadas. Lo que enfrentamos no es solo un desastre, es una catástrofe”, enfatizó Medrano.
Para Medrano las Fuerzas Armadas de la Nación ya debían haber cumplido con el resguardo de estas zonas calificadas como de inmensa riqueza natural junto al resguardo de ciudadanos y los bomberos voluntarios, que están paliando esta tragedia, y los miles de animales silvestres. En este marco, denunció que ya existen cuatro personas muertas; incluso una maestra con un tiro, algo que no habría tenido mucha trascendencia y demandó la participación inmediata de los militares.
INSUFICIENCIA NORMATIVA Y FALTA DE PREVENCIÓN
Por su parte, el Ingeniero Martín Villaroel, consultor internacional en Gestión de Riesgos de Desastres Naturales, docente universitario y una larga trayectoria en temas ambientales, coincidió en que dicho decreto es una medida insuficiente y destacó la falta de acción preventiva por parte del Gobierno. Mencionó que según la Ley de Gestión de Riesgos aprobada en 2014, las autoridades deben actuar en las fases de prevención, mitigación y recuperación, lamentando que esto no se hubiera cumplido. “Sabemos cuándo llegan los incendios, cuándo empiezan los vientos y las lluvias. Sin embargo, no se ha actuado con antelación”, criticó.
Villaroel también sugirió que Bolivia debería incorporar la categoría de “catástrofe” en su legislación para describir situaciones de magnitud extrema como la actual. “En otros países, como Brasil, ya se reconoce este tipo de eventos, mientras que aquí todavía seguimos utilizando términos insuficientes”, afirmó.
SITUACIÓN INFERNAL
Frente a este relato que grafica una situación calificada de “infernal”, Villaroel dijo que cada crisis, cada desastre, tiene tres características: una solución, una fecha de caducidad, y lo más valioso, las lecciones aprendidas. En este caso, aseguró que la solución pasa por medidas drásticas, coincidiendo con Medrano. “El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debería intervenir de inmediato. Hay recursos militares disponibles, y además estos contingentes cuentan con equipos especializados en el combate de incendios. Sin embargo, no se ha actuado con la rapidez necesaria, y hemos tenido que recurrir a bomberos de otros países. Lamentablemente, muchos de ellos ya están regresando por la falta de coordinación en el sistema de comando de incidencias”, precisó.
“De acuerdo a la Ley de Gestión de Riesgos, contamos con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), que debería estar liderando estas acciones. Pero, revisando la información del SINAGER solo está actualizada hasta el 27 de septiembre. Es necesario aplicar inmediatamente el formulario EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades), un instrumento crucial para tomar decisiones oportunas”, acotó mencionando, además, una carencia significativa a nivel de información.
Estos incendios no son producto de una práctica cultural, sino que están siendo impulsados por intereses políticos y económicos…”
En cuanto a las lecciones aprendidas, dijo que es esencial que el Gobierno derogue las leyes que permiten la expansión de tierras para la ganadería y otras actividades destructivas. “Las comunidades rurales no están demandando más tierras, sino que esto responde a intereses de élites e interculturales que buscan expandir su control económico sobre los territorios”, destacó.
“Finalmente, quiero destacar la importancia de las leyes ambientales existentes, como la Ley 602 y la Ley de la Madre Tierra. Es crucial que el Gobierno haga cumplir estas normativas para asegurar un desarrollo verdaderamente sostenible, no solo para nuestra generación, sino para las futuras. Estamos en una crisis ambiental severa y es imprescindible regular con mayor rigor las declaratorias de emergencia y el cumplimiento de las normativas”, remarcó Villaroel.
DESPUÉS DE LA DESTRUCCIÓN, CRISIS AMBIENTAL
Ambos participantes reconocieron, incluso, que toda la reflexión alrededor de estos incendios de magnitud catastrófica en Bolivia, ya es “tardía”. Sin embargo, no dejaron de recomendar medidas drásticas como la intervención de las Fuerzas Armadas para acordonar las zonas afectadas y transversalizadas, además, por la participación de varios factores y actores incluso controvertidos como son los interculturales en busca de nuevas tierras de cultivo, algunos empresarios agropecuarios, mineros e incluso narcotraficantes. Observaron una agudización de los problemas económicos en el país, pronosticando una crisis ambiental de grandes proporciones.
Asimismo, remarcaron que se trata de un escenario complejo de monitorear, incluso a nivel de los recursos asignados por el Estado a instancias como el viceministerio de Defensa, a cargo de controlar este escenario que ya habría superado la condición de desastre para convertirse en una catástrofe nacional y que agudizará la situación económica del país, a partir de una crisis ambiental de extremas consecuencias como sequías y temperaturas extremas, especialmente en el oriente boliviano.
