El tema del subsidio es un tema tan recurrente como temido entre los políticos y los ciudadanos bolivianos que desean mejorar sus niveles de vida en medio de una aguda crisis energética que ha provocado la crisis económica que soporta el país.
EDICIÓN 145 | 2025
ENERGÍABolivia (*)
En Bolivia se aplican varias formas de subsidio al consumo y la producción de hidrocarburos. De ellas, las más importantes son dos: a) NOCRES: consistente en la transferencia de recursos del TGN a YPFB para financiar la importación de petróleo, diésel, gasolina y GLP; b) costo de oportunidad: este subsidio surge porque los precios internos del gas, petróleo y sus derivados no reflejan el valor de exportación, es decir, no se ajustan a los precios internacionales.
El monto de todas las categorías de subsidios alcanzó, en 2022, la suma de US$ 5.127 millones (11.6% del PIB). Dicho monto fue superior en US$ 3.069 millones a los ingresos de exportación gasífera, contabilizados en US$ 2.058 millones. Esto implica que el país gasta más en subsidiar combustibles de consumo interno que en percibir ingresos por producir y exportar gas natural. Mantener este nivel de subsidio es irracional e insostenible.
La medida sensata y de sentido común es la eliminación gradual de la subvención. De este modo, además de recortarse el gasto público desmedido, el país podrá ahorrar las divisas que tanto necesita para importar combustibles y otros productos esenciales. Se trata, también, de revertir la regresividad del subsidio, que beneficia -curiosamentemucho más a quienes menos lo necesitan. De otro lado, es preciso corregir las distorsiones que se provocan en las decisiones de los consumidores y productores de energía: un combustible barato induce al derroche, los consumos ineficientes y el contrabando que acentúa la escasez (como sucede actualmente).
“La estrategia que proponemos para levantar los subsidios tiene dos partes. La primera, que la medida se aplique gradualmente, con incrementos sucesivos de los precios: así, por ejemplo, si se partiera del valor actual de Bs. 3.74 por litro, los precios se ajustase, cada mes, en un valor de 32 centavos hasta llegar a Bs. 11.10 en dos años. En segundo lugar, el gobierno debe dar una compensación de dinero a los segmentos socioeconómicos más deprimidos y vulnerables; esta transferencia se haría efectiva de inmediato, mientras los precios van subiendo progresivamente, hasta equiparar los precios internacionales. Lo cual podría lograrse en el término de 24 meses. El resultado fiscal de la eliminación del subsidio se muestra en la tabla 1”, señala Fundacion Milenio.
Con las cifras consideradas, el costo fiscal anual de la compensación a las familias se estima en US$ 311 millones. Como referencia, el año 2023 las transferencias recibidas por YPFB del gobierno fueron de US$ 1,788 millones aproximadamente. En consecuencia, con alta probabilidad el cambio de un subsidio indirecto (a través de precios) por uno directo (transferencias en dinero) reportará un ahorro fiscal sustancial. La Tabla 2 sintetiza el resultado fiscal esperado, que se estima podría llegar a un monto de US$ 1.477 millones (3.2% del PIB). También hay que decir que la eliminación de la subvención a los combustibles es una medida que contribuiría a fortalecer los ingresos del gobierno, puesto que la producción de YPFB (10% de diésel, y 30% de gasolinas) se vería beneficiada por mejores precios en bolivianos; esto, a su vez, redundaría en un aumento de la recaudación fiscal.
