Ramiro Cavero y José Gabriel Espinoza, como asesores económicos de Alianza Libre y el PDC, respectivamente, coincidieron en que el gas natural seguirá siendo prioritario a corto plazo, aunque aseguraron que el futuro energético de Bolivia debe orientarse hacia las renovables y el litio… ¿TAREA PARA EL NUEVO GOBIERNO?
EDICIÓN 147 | 2025
ENERGÍABolivia
El sector energético boliviano atraviesa una de las crisis más complejas de su historia reciente. Sin energía no hay economía y hoy, sin energía, tampoco hay vida. En Bolivia, el 80% del consumo energético depende directamente de los hidrocarburos: diésel, gas natural y gasolina. En contraste, la electricidad representa apenas un 11%. Pero el problema no es solo energético, sino también fiscal: en las dos últimas décadas, más de un tercio de los ingresos del país provino de la explotación de hidrocarburos, con casos como Tarija, donde la dependencia es aún mayor.
La afirmación corresponde a Raúl Velásquez, investigador energético de Fundación Jubileo, como prolegómeno a un diálogo con Ramiro Cavero y José Gabriel Espinoza, asesores económicos de Alianza Libre y el PDC, respectivamente, en el conversatorio promovido por ENERGÍABolivia, a escasos días de la segunda vuelta electoral.
Velásquez remarcó que la producción de hidrocarburos líquidos se ha desplomado un 62% en los últimos diez años, obligando al país a importar crecientes volúmenes de gasolina y diésel, con la consecuente presión sobre las reservas internacionales. Hoy, el 90% del diésel y el 60% de la gasolina que se consumen en Bolivia son importados, y el Estado subsidia entre el 70% y 75% de su costo real.
“A esto se suma una caída del 54% en la producción de gas natural, lo que ha reducido drásticamente las exportaciones, las regalías y el IDH. La situación es crítica: Bolivia podría comenzar a importar GLP en 2026 y gas natural en 2028, con precios hasta diez veces superiores a los actuales”, dijo.
Destacó que tras dos décadas de políticas marcadas por el estatismo y el rentismo donde el 92% de la renta petrolera queda en manos del Estado y apenas el 8% va al sector privado, el país enfrenta el desafío de redefinir su modelo energético.
“Tenemos que recuperar otra vez nuestro potencial y nuestra cualidad de productor de hidrocarburos”, remarcó como parte de la insistencia al respecto desde distintos sectores. Antes de dar paso a los representantes de estos frentes políticos acotó que el reto es enorme: “sin inversión, exploración ni incentivos, el país corre el riesgo de pasar de exportador a importador neto de energía.”
¿POLÍTICAS DE ESTADO O DE GOBIERNO?
En respuesta a la primera pregunta formulada por ENERGÍABolivia sobre si trabajarán una política de Estado o de gobierno para enfrentar la crisis económica derivada del colapso hidrocarburífero y evitar una posible crisis humanitaria en el país, Ramiro Cavero sostuvo que trabajaran ambas, en busca de respuestas para el sector.
“Las políticas de gobierno son de corto plazo pero también trabajaremos políticas de Estado de largo plazo” dijo, agregando que ante la crisis económica derivada del colapso hidrocarburífero, la propuesta es clara: combinar medidas de emergencia propias de una política de gobierno con una estrategia estructural de largo plazo, es decir, una verdadera política de Estado.
“En el corto plazo, la prioridad número uno será garantizar el abastecimiento de combustibles”, afirmó Cavero, advirtiendo que el país enfrenta una situación crítica, con riesgo de quedarse sin gasolina ni diésel en las próximas semanas. Para ello, dijo que el nuevo gobierno debe aplicar medidas inmediatas que permitan restablecer el suministro en todo el territorio nacional, sin necesidad de un consenso nacional previo.
Sin embargo, acotó, el paso estructural será la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, un proceso que según el planteamiento debería concretarse antes de fin de año, buscando un amplio acuerdo político y social. Remarcó que esta ley tendrá como pilares un sistema impositivo competitivo a nivel regional, transparencia plena en la gestión de costos y una estructura tributaria flexible que se ajuste a las variaciones del precio internacional del crudo.
“Si el precio sube, el Estado debe captar una parte del excedente; pero si baja, las empresas deben tener la seguridad de mantener su rentabilidad”, explicó. Además, sostuvo que se plantea eliminar el régimen de costos recuperables, considerado fuente de discrecionalidad y sobrecarga administrativa tanto para el Estado como para las empresas.
El objetivo de fondo es atraer inversión extranjera con reglas claras y estables, generando las condiciones para reactivar la exploración y producción de gas y petróleo. “Estamos seguros de que Bolivia tiene gas y petróleo; lo que falta es inversión, y esa inversión debemos garantizarla ahora, aunque sus resultados se vean en cinco o siete años”, sostuvo.
Como medida complementaria, propuso mejorar el precio que reciben los productores por los líquidos y el gas, impulsando el desarrollo de campos marginales y evitando, en la medida de lo posible, la futura importación de gas natural.
En criterio de Cavero, esta combinación de medidas urgentes y estructurales busca revertir la crisis energética y sentar las bases de una política de Estado que devuelva a Bolivia su capacidad productiva y su soberanía energética.
LA JUVENTUD
Indican que entre 1940 y 1960 se construyeron algunas centrales de mayor envergadura, en Cochabamba y en La Paz, haciendo notar, empero, que el crecimiento poblacional y las exigencias de energía eléctrica de domicilios, minas e industrias requerían de una mayor oferta, satisfecha solo en parte por las centrales térmicas, gracias al petróleo extraído por YPFB.
Asimismo, señalan que el objetivo era construir centrales hidroeléctricas aprovechando los abundantes recursos hídricos de la Cordillera Real, pero reconociendo que para esos proyectos hacía falta inversiones que el sector privado, orientado al autoconsumo, no podía garantizar.
“SIN SEGURIDAD JURÍDICA, NO HABRÁ INVERSIÓN QUE DEVUELVA LA SOSTENIBILIDAD AL SECTOR ENERGÉTICO”
Para Gabriel Espinoza, la urgencia es evidente: el país debe resolver de inmediato la escasez de combustibles líquidos y sentar las bases de una reestructuración profunda del sistema energético. “En el cortísimo plazo está claro que hay que resolver la falta de combustibles”, afirmó, señalando que la prioridad es establecer una nueva cadena logística de importación en coordinación con proveedores internacionales y países vecinos, garantizando mayor transparencia en el proceso.
El economista subrayó también la necesidad de reordenar la cadena de precios internos, pues la falta de incentivos adecuados a desincentivado la producción nacional de hidrocarburos. “Lo primero que tenemos que hacer es reordenar esta distribución de precios en el mercado interno para acompañar las medidas de incentivo a la producción. Esto nos permitirá ganar tiempo y estabilizar la situación antes de aprobar una nueva ley de hidrocarburos”, explicó.
No obstante, Espinoza advirtió que los incentivos fiscales, por sí solos, no serán suficientes para atraer inversiones. “Está absolutamente claro que sin seguridad jurídica no va a llegar ningún tipo de inversión, por muchos incentivos tributarios que se otorguen al sector”, sostuvo, enfatizando la necesidad de modificar tanto la Ley de Hidrocarburos como la Ley de Inversiones, para brindar garantías sólidas a los capitales privados.
“La línea a seguir para Bolivia es esa: construir un marco competitivo, flexible y seguro que atraiga inversiones, garantice el suministro y devuelva sostenibilidad al sistema energético nacional”, concluyó.
¿GAS O LITIO?
A la pregunta de si seguirá siendo el gas el eje de la agenda energética o si se deberá apostar por las renovables y el litio, como alternativas estratégicas en un país caracterizado tradicionalmente por ser productor de gas, tanto Ramiro Cavero como Gabriel Espinoza coincidieron en que Bolivia debe mantener al gas natural como eje estratégico en el corto plazo, mientras se avanza de manera decidida hacia una transición energética basada en fuentes renovables.
Cavero planteó que el gas seguirá siendo fundamental en los próximos cinco a siete años, priorizando su uso para la exportación al Brasil, el consumo domiciliario y el gas vehicular. Paralelamente, propuso atraer inversiones en energías renovables solar, eólica e hidroeléctrica para reducir la dependencia del gas en la generación eléctrica. Destacó la necesidad de ajustar la Ley de Energía, garantizar seguridad jurídica y establecer un marco claro de precios eléctricos que dé confianza a los inversionistas. Su visión apunta a una migración progresiva hacia una matriz eléctrica sostenible, con el gas destinado principalmente a la exportación.
Espinoza, por su parte, sostuvo que el gas debe revalorizarse como recurso estratégico de exportación, reduciendo su uso en el mercado interno y aprovechando mejor su potencial económico. A la vez, señaló la importancia de acelerar la incorporación de energías renovables en especial solar e hidroeléctrica mediante asociaciones público-privadas y esquemas de financiamiento sostenible. Añadió que esta transición debe ir acompañada de una discusión nacional sobre el litio, especialmente con las regiones productoras, para rediseñar la fallida estrategia actual y convertir al litio en un verdadero pilar de desarrollo sostenible.
En síntesis, ambos coinciden en que el gas seguirá siendo prioritario a corto plazo, pero el futuro energético de Bolivia debe orientarse hacia las renovables y el litio, con un marco legal estable, seguridad jurídica e incentivos a la inversión privada.
LO RECURRENTE: SUBSIDIO
Tanto Ramiro Cavero como Gabriel Espinoza coincidieron en que la actual política de subsidios a los combustibles debe ser reemplazada por un sistema focalizado y transparente, que priorice a los sectores más vulnerables, especialmente el transporte público, mientras se elimina el subsidio generalizado.
Cavero planteó que el levantamiento del subsidio se aplicará una vez garantizado el abastecimiento nacional y tras implementar un registro digital de transportistas públicos, quienes serían los únicos beneficiarios del subsidio para evitar un alza en el precio de los pasajes. Propuso el uso de chips de control para monitorear el consumo y recorrido de los vehículos, asegurando que el beneficio llegue solo a quienes lo necesitan. Según Cavero, eliminar el subsidio generalizado especialmente al diésel será un alivio para productores y transportistas, ya que reduciría las colas, la escasez y la incertidumbre actuales.
Espinoza, por su parte, calificó al actual sistema de subsidio “ciego” como una de las peores políticas económicas de las últimas décadas y propuso reemplazarlo por un subsidio focalizado y socialmente compensado. Su plan contempla segmentar los puntos de venta de combustibles y destinar parte del ahorro fiscal equivalente al 4% del PIB a un subsidio de demanda dirigido a familias vulnerables, identificado mediante criterios de pobreza, consumo eléctrico o de datos móviles. Además, subrayó la necesidad de acompañar la medida con protección social y desregulación productiva para mitigar posibles impactos inflacionarios.
En síntesis, ambos coinciden en que la eliminación gradual del subsidio universal debe ir acompañada de mecanismos de control, focalización y compensación social, garantizando al mismo tiempo el abastecimiento pleno y la estabilidad económica.
CRISIS Y FUTURO ENERGÉTICO EN BOLIVIA
Al cierre de ambas participaciones, Raúl Velásquez remarcó que la crisis del sector hidrocarburífero boliviano tiene su origen en la política rentista y estatista instaurada desde 2006, tras la llamada “guerra del gas”, agregando que durante casi dos décadas, el gas natural fue tratado más como fuente de renta que como recurso energético, y la gestión del sector con 14 presidentes interinos en YPFB evidenció falta de institucionalidad y planificación.
Advirtió que el próximo gobierno enfrentará el reto de reformar integralmente la política energética, con una nueva ley de hidrocarburos y una ley de electricidad actualizadas, que reemplacen las normas obsoletas de 2005 y 1994. Destacó que ambas candidaturas coinciden en la necesidad de refocalizar los subsidios a los combustibles, evitando que se mantengan de forma indefinida y definiendo con claridad a quiénes beneficiará y con qué recursos se financiará.
“Persisten dudas sobre si se mantendrán los subsidios al GLP y gas natural, que pronto deberán importarse. A la par, se plantea diversificar la matriz energética, apostando por energías renovables solar, eólica e hidroeléctrica, aunque reconociendo los desafíos de intermitencia y almacenamiento”, resumió Velásquez.
Finalmente, destacó que el objetivo de mediano plazo planteado por los representantes económicos de Alianza Libre y el PDC, es construir una matriz eléctrica equilibrada, combinando termoeléctricas eficientes con una mayor participación de fuentes renovables. En este contexto, dijo, se espera que el nuevo gobierno logre consensos amplios con el Congreso y los actores del sector energético para encaminar una transición que garantice seguridad energética, sostenibilidad fiscal y desarrollo nacional.
