PROBLEMAS Y PROPUESTAS para una nueva política hidrocarburífera
Los sectores extractivos como hidrocarburos o minería se caracterizan por ser de largo plazo, es decir, que las políticas públicas implementadas para su desarrollo suelen dar resultados en los siguientes 10 o 20 años, señala la propuesta para una nueva política hidrocarburífera de Fundación Jubileo.
EDICIÓN 153 | 2026
ENERGÍABolivia
De esta manera señala que, transcurridos 20 años de la vigencia de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, 19 años de la promulgación del D. S. Nº 28701 llamado también de “Nacionalización” y a 16 años de la promulgación de la actual Constitución Política del Estado, todas normas y directrices que marcaron el desarrollo del sector hidrocarburos en lo que ha transcurrido del siglo XXI, es posible observar los resultados de las acciones e inacciones no solo de los actores políticos involucrados, sino también de los actores sociales que desde inicios de siglo propusieron y presionaron por lograr el control estatal del sector hidrocarburos.
En este sentido, Fundación Jubileo, presenta un análisis de los principales problemas que enfrenta el sector hidrocarburos, seguida de una propuesta para su consideración en una nueva ley de hidrocarburos.
PÉRDIDA DE INSTITUCIONALIDAD Y ROLES CONFUSOS
Destaca que si bien Bolivia ya había sido testigo del fracaso de la empresa minera nacional COMIBOL a mediados de los años 80 del siglo XX, así como de los problemas por los que atravesó la empresa petrolera nacional YPFB entre los años 70 y 80 del mismo siglo, teniendo en común ambos casos la falta de institucionalidad y el manoseo político que terminan una y otra vez convirtiendo a estas empresas estatales en generadores de empleo más que en aparatos productivos; el pueblo boliviano inició el siglo XXI demandando la refundación de YPFB que había sido capitalizada entre los años 1994 y 1997.
“En la denominada ´guerra del gas´ del año 2003, caracterizada por una elevada convulsión social promovida por dirigentes sociales y actores políticos que, además de rechazar el Proyecto Pacific LNG (…), demandaban mayor participación estatal en la renta petrolera y la refundación de la empresa estatal YPFB”, dice y agrega “llevando a suponer que por el solo hecho de que las operaciones petroleras sean asumidas por una empresa estatal serían realizadas con eficiencia, eficacia y honestidad.”
Remarca que la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, vigente desde mayo de 2005 estableció la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que la estatal petrolera pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, reestructurando los Fondos de Capitalización Colectiva y garantizando el financiamiento del Bonosol, haciendo notar que debido a la crisis social y política que aún golpeaba al país, este no llegaría a aplicarse sino hasta que este partido ganara las elecciones nacionales realizadas en diciembre de 2005, asumiendo las riendas del país el 22 de enero de 2006.
Trae a colación que entre las primeras medidas asumidas por el nuevo gobierno a la cabeza del ex presidente Evo Morales estuvo la promulgación del D. S. Nº 28701, llamado de “Nacionalización”, el 1 de mayo de 2006, estableciendo el carácter estatal el cual establece en su artículo 8: “En 60 días, a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto Supremo y dentro del proceso de refundación de YPFB, se procederá a su restructuración integral, convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social”.
“Han transcurrido 19 años desde entonces, y la empresa petrolera nacional tuvo, al menos, cinco problemas severos de corrupción, engaño y ocultamiento de información. Asimismo, entre los años 2006–2025, la empresa petrolera estatal tuvo 14 presidentes ejecutivos, todos interinos, lo que representa unpromedio de apenas un año y medio de gestión por autoridad; pero, además, seis de estas exautoridades comprometieron planes de restructuración de YPFB que nunca se ejecutaron”, precisa.
En esta dirección señala que la alta rotación ejecutiva, se tradujo también en una alta rotación de personal subalterno, un incremento exponencial en la planilla de trabajadores, pero además en el incumplimiento en la certificación de reservas, retiro de información pública, opacidad en la adjudicación de áreas de exploración bajo contratos de exploración y explotación y, especialmente, un doble rol de operador y fiscalizador a partir de la estructura organizacional definida en la propia Ley de Hidrocarburos que creó dos vicepresidencias, una de Operación y otra de Fiscalización.
PREVENTIVAMENTE
Hace notar que, en momentos prolongados, YPFB ha tenido el rol de cabeza de sector, el cual debería haber cumplido el Ministerio de Hidrocarburos y Energías; asimismo, destaca que, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no cuenta con competencias suficientes, incluso, ni siquiera figura en la Ley de Hidrocarburos para poder fiscalizar y controlar a YPFB. “Asimismo, YPFB es quien administra proyectos como la Planta de Amoniaco y Urea, que debería estar a cargo de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), la cual, dicho sea de paso, solo existe en la Constitución Política del Estado, pero no está reflejada en la ley sectorial”, subraya el documento.
En esta línea sostiene que existe una profunda inconsistencia entre la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, promulgada el año 2005, en actual vigencia, y la Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en febrero de 2009. Agrega que el Ministerio de Hidrocarburos no cumplió a cabalidad sus funciones de planificador y normador sectorial; en tanto que YPFB, con sus subsidiarias, intentó responder al mandato normativo de monopolizar todas las actividades del sector hidrocarburos, incurriendo en hechos de corrupción, ineficiencia y politización. “La ANH incumple su rol de fiscalizar y controlar todas las actividades sectoriales, como establece la CPE en su artículo 365; la EBIH tampoco cumple a cabalidad su rol asignado en la carta magna”, anota.
Para Fundación Jubileo, bajo la política hidrocarburífera aplicada en Bolivia en los últimos 20 años, los actores privados han sido minimizados al rol de simples proveedores de servicios de exploración y explotación bajo un régimen fiscal desequilibrado a favor del Estado y sin posibilidades de crecimiento toda vez que la ineficiencia en YPFB ha llevado al país a perder mercados para el gas natural y a mantener un sistema de subsidios para el mercado interno que han terminado por quitar todo incentivo para la inversión en exploración de hidrocarburos.
“Un aspecto fundamental que debe ser considerado en una nueva ley de hidrocarburos es la separación entre los roles de operación y de fiscalización…”
INSTITUCIONALIDAD Y NUEVOS ROLES
En este escenario, señala que resulta fundamental realizar una reingeniería completa de la institucionalidad sectorial, definiendo roles institucionales claros para cada una de las entidades públicas involucradas en el sector hidrocarburos, así como redefinir las implicancias del rótulo de recursos estratégicos que la Constitución le asigna a los hidrocarburos; por cuanto ello no debería significar que este sector sea la billetera del país y promover la dependencia a su explotación, sino más bien condicionar a que los ingresos que obtiene el país sirvan exclusivamente para la diversificación de la economía, investigación en ciencia y tecnología, y el ahorro de largo plazo.
“Considerando los lineamientos y restricciones establecidas en la Constitución Política del Estado las instituciones públicas para el sector hidrocarburos son: Ministerio de Energía e Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH)”, dice y propone que una nueva ley de hidrocarburos considere algunas de las siguientes funciones básicas para estas instancias.
REESTRUCTURAR EL MINISTERIO
Recomienda que, en el marco de una nueva política energética, orientada a una mirada integral de sector y a la propia transición energética, la cartera de Estado responsable de la política sectorial se denomine Ministerio de Energía dirigiendo los sectores de electricidad e hidrocarburos.
Asimismo, considera que un aspecto fundamental que debe ser considerado en una nueva ley de hidrocarburos es la separación entre los roles de operación y de fiscalización, por lo que una disposición final de esta nueva norma debe establecer el traspaso de la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización dependiente de YPFB a la ANH.
