Dos analistas reconocen que la pandemia ha profundizado la reducción del negocio del gas y la disminución en los volúmenes de venta de este hidrocarburo en el país. Nos preguntamos, en este marco, si optar por los biocombustibles apuntalará satisfactoriamente la gestión de la agenda energética boliviana…

  EDICIÓN 91 | 2021

Raúl Serrano

B olivia tendría que comenzar a ver alternativas frente a la evidente reducción de la escala de negocios en el sector de los hidrocarburos, caracterizado por ser muy volátil e incierto, dijo Marcelo Velázquez, miembro del Directorio de YPFB y también representante de Bolivia ante la Junta Ejecutiva y el Consejo Técnico Económico del Foro de Países Exportadores de Gas, durante el coloquio organizado en enero por la revista ENERGÍABolivia que también contó con la presencia de Mauricio Medinaceli, ex ministro de Hidrocarburos, durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

El criterio fue expresado en el marco del análisis derivado de la actualización de la agenda que desea impulsar el gobierno de Luis Arce Catacora, respecto de la producción de biocombustibles en el país,; y, el intercambio comercial de gas que tiene Bolivia con Argentina, a partir de la quinta adenda suscrita hacia fines del año pasado. Ambos temas fueron tratados con la idea de establecer el estado de situación del sector energético en Bolivia.

BIOCOMBUSTIBLES PARA REDUCIR LA PRESIÓN

A manera de contexto, Velázquez dijo que optar por los biocombustibles en Bolivia va en dirección correcta a reducir la presión sobre la subvención que se hace creciente tanto en diésel oil como en gasolina importada; estimulando la producción de aditivos de origen vegetal desde 2018, mediante la aprobación de la Ley 1098, con el propósito de garantizar, justamente, el aprovisionamiento tanto de etanol anhidro y a futuro de biodiésel, para sustituir gradualmente las importaciones y por tanto, la subvención a los combustibles.

Aseguró que “si bien a la fecha es cierto que nuestros campos están en declinación; siempre podrá resultar como un paliativo adicional el incorporar el tema de los biocombustibles”. Precisó, sin embargo, que el programa del etanol ameritaría mayor importancia, dentro de la agenda energética nacional.

“Recientemente se firmó una adenda por 3 meses con los ingenios sucroalcoholeros y se espera, a partir de marzo, firmar ya un contrato nuevo que tenga duración para lo que queda del año; y, las condiciones (de volúmenes de entrega de aditivos) que se establezcan en dicho contrato, serán fundamentales para el desarrollo de este programa si es que queremos ver que genere un impacto positivo”, remarcó Velázquez.

INVERSIONES

Acotó que en esta dirección era necesario admitir y reconocer la importancia de las inversiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el apuntalamiento de esta industria nacional, señalando que en cinco años la estatal petrolera estaría recibiendo un “retorno más que aceptable a sus inversiones.”

“Entonces, ese es un tema importante, respecto a los volúmenes de los aditivos que considero tiene que definirse. Otro tema importante es la calidad, es decir, garantizar que el etanol cumpla las especificaciones aprobadas y que la ANH tenga la capacidad de controlar esa calidad, que se pueda llegar a más regiones en todo el país; y, en ese sentido, poder avanzar en la reducción gradual de las importaciones”, dijo Velázquez.

En este marco, dejó clara la importancia de generar una capacidad industrial interna nacional de etanol, tanto para la sustitución de gasolina importada como de diésel oil. Sobre este último, dijo que el crecimiento debe ir de acuerdo a la capacidades del país, a fin de producir aceites vegetales para la obtención de biodiésel que, en su criterio, requerirán mayores niveles de inversión en campo e industria, que deberán estar acordes al tamaño de la economía nacional y al aprovechamiento de distintos cultivos, según su rendimiento.

REEMPLAZO GRADUAL

Remarcó que la producción del biodiésel si bien no fue pensada como un reemplazo inmediato, si lo será gradualmente; siempre que vaya conforme a las capacidades de producción de aceite en el país y a lo dispuesto en la Ley 1098. Dejó claro que para que ello ocurra también deberán existir condiciones de cultivo suficientes para el aprovisionamiento requerido.

Esta ley tiene el objetivo de establecer el marco normativo para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de insumos y aditivos, y diésel oil, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía en el país.

En esta línea, Velázquez destacó que el etanol anhidro es un aditivo de origen vegetal, resultando de la deshidratación del alcohol etílico, a través de tecnologías utilizadas para no dejar residuos químicos; mientras que el biodiésel, también aditivo de origen vegetal, resulta de un proceso de transesterificación de un aceite o grasa, debidamente refinado, en reacción con el etanol anhidro advirtiendo que, sin embargo, Bolivia no tendría la capacidad inmediata para producir todo el aceite que se requiere para este tipo de combustible.

“Actualmente consumimos dos mil millones de litros de diésel los cuales importamos la mitad. Para reemplazar esos mil millones de litros tenemos que tener una producción, una capacidad significativa de acompañamiento en campo para los aceites”, subrayó a tiempo de agregar que es necesario tener una lectura puntual de toda la capacidad de producción de cultivos como la moringa, maní, jatrofa, palma, soya y otros que pueden servir para la obtención de aceites y posterior producción de biodiésel.

¿LOBBIES PELIGROSOS?

Para Mauricio Medinaceli, todo este afán que mueve a la discusión está relacionado con el subsidio que tiene el diésel y la gasolina en el país. Considera que si no hubiera subsidio y el precio fluctuara cómo el precio de la leche o el de la Coca Cola; entonces el gobierno no tendría que decidir a quién dar el subsidio y sobrevivirían aquellas industrias que tienen el menor costo posible, al precio que dicte el mercado.

“Lo contrario es, digamos, muy peligroso en la medida que se crean lobbies y grupos de poder; dependiendo de quién reciba subsidio”, remarcó y señaló que dentro la lógica de mercado el combustible que sobrevive es el más eficiente y el gobierno se desentiende, por ejemplo, de las preocupaciones mencionadas por Marcelo con toda pertinencia.

“Por tanto, lo que quiero decir es que no solamente hay que concentrarse en los tremendos problemas técnicos que conllevan los biocombustibles; si no en la contaminación que tienen estos mercados energéticos por parte de grupos de poder políticos y económicos que están en el país abasteciendo con este energético”, dijo al reconocer que, sin embargo, es interesante discutir estos temas y reconocer que los biocombustibles ayudan a sustituir la importación. Remarco, sin embargo, que el siguiente paso es preguntarse qué favorecemos: ¿la producción de petróleo para sacar diésel o la producción de azúcar y aceite para sacar biodiesel?

En esta dirección hizo notar que, en el proceso, toda elección es una renuncia y que esto genera incertidumbres entre los grupos que hipotéticamente puedan ser beneficiados con el subsidio, afectando incluso los intereses de instituciones estatales, a través del tema fiscal.

“Cuidado que cuando queramos meter los autos eléctricos nuevamente este nuestro apetito insaciable por los subsidios vaya a pedirle nuevamente al gobierno que subsidie la importación de autos eléctricos”, aventuró e instó a que el ciudadano elija el tipo de energía que quiere consumir y lo propio para generaciones futuras, cuidando la racionalidad.

Dijo que la transición de un combustible hacia otro no deja de generar controversia e incertidumbres porque no deja de afectar la economía de los grupos productores de determinada energía.

LOS IMPACTOS DEL ESTADO

“Eso hace que sociedades donde el Estado participa activamente en la economía, la decisión de un ministro o del congreso impacta severamente en como se consume la energía y cómo se paga la misma”, acotó insistiendo en que dentro del análisis de esta problemática no solamente se debe considerar los aspectos de provisión de energía sino también se debería tomar en cuenta el mediano y largo plazo.

Medinaceli trajo a colación la permanente encrucijada de importar combustibles líquidos desde hace más de 30 años en Bolivia, remarcando que hasta el momento nada ha cambiado, pese a las apuestas de nacionalización y liberalización del mercado. Con todo, fue tajante al sostener que “está nuestra incapacidad para hacer bien las cosas en materia de líquidos ha llevado a buscar la producción de biocombustibles”

Consultado sobre si esta situación se debía solamente de la incapacidad técnica o política del país o más bien era consecuencia de no tener los líquidos suficientes en la estructura geológica del país, respondió que esto era debido a una “incapacidad institucional”, asegurando que petróleo existe en varios departamentos como Cochabamba y Chuquisaca.

“Esto se da porque a los bolivianos nos encanta poner altas regalías y tener precios subsidiados entonces altas regalías y precios subsidiados estrangulan a las campos de petróleo no tanto a los campos de gas”, acotó remarcando que esta situación ha inhabilitado cualquier emprendimiento de descubrir petróleo en el país.

NO ES GANANCIA NETA

Complementando, Velázquez hizo notar que, por otro lado, el ingreso de divisas por concepto de venta de hidrocarburos termina pagando aproximadamente el 70% de importación de diésel y gasolina exhortando a reflexionar y reconocer que esta generación de rentas que se ha producido durante tantos años en el país, no es una ganancia neta para el Estado puesto que hay que descontar todo lo que se gasta con las importaciones.

Asimismo, acotó que la discusión sobre los subsidios pasa también por la inducción y generación de condiciones en la industria y mercado interno, el problema no es necesariamente el subsidio como concepto, sino la temporalidad y el alcance de los efectos esperados del mismo.

Dejaron claro que el proceso de transición energética, desde los combustibles a los biocombustibles, si bien no requerirá inhabilitar la actual infraestructura del sector, demandará recursos económicos especialmente para almacenaje, donde YPFB ya ha garantizado una inversión de más de $us 5 millones.