Después de aproximadamente 20 años de intervención estatal en la denominada industrialización del litio, la regulación de los salares altoandinos en Bolivia se mantiene anclada anclada en el régimen minero y en las disposiciones de la normativa ambiental vigente, sin un marco específico plenamente desarrollado para la consulta previa.
EDICIÓN 152 | 2026
ENERGÍABolivia
En Bolivia, la participación de comunidades indígenas en decisiones sobre actividades extractivas —particularmente en minería, energía e hidrocarburos— avanza de forma desigual y todavía en etapa de consolidación. El desarrollo de la industria del litio, concentrada en los salares altoandinos, refleja con claridad estos límites: su regulación se mantiene anclada en el régimen minero y en las disposiciones de la normativa ambiental vigente, sin un marco específico plenamente desarrollado para la consulta previa, después de veinte años de irrupción oficial en la denominada industrialización del litio que supuso hasta el momento la inversión de más de $us mil millones.
El sector de hidrocarburos y energía presenta los mayores avances en mecanismos de participación social. Sin embargo, estos procesos continúan basándose en instrumentos de evaluación ambiental, ante la ausencia de normas específicas que operativicen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la práctica, se aplica la consulta pública dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) —principalmente en proyectos de Categoría I y II—, aunque con un carácter más informativo que deliberativo.
INVERSIÓN ESTATAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
En minería, incluido el litio, se replica este mismo esquema, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), precisando que desde 2008, el Estado boliviano impulsa un ambicioso programa de inversiones en recursos evaporíticos financiado con fondos públicos(1).
Actualmente, este proceso está liderado por la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que ha desarrollado producción piloto desde 2013 y opera, desde 2018, una planta industrial de sales de potasio en el salar de Uyuni.
En el marco de estas iniciativas, se han ejecutado tres Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) en minería de recursos evaporíticos desde 2010. Dos de ellos incluyeron procesos de consulta pública de carácter informativo, mientras que el tercero aún se encuentra en fase de categorización, sin haber iniciado instancias de consulta.
LICENCIA SOCIAL: UNA PRÁCTICA SIN MARCO LEGAL
A diferencia de otros países de la región, Bolivia no cuenta con una normativa específica que regule la denominada “licencia social”. Desde una perspectiva jurídica, incluso se podría sostener que no es exigible formalmente, dado que recursos estratégicos como el litio son de competencia exclusiva del nivel central del Estado..
No obstante, en la práctica, la licencia social se ha vuelto un requisito implícito. El acceso a recursos clave —como fuentes de agua dulce o territorios comunitarios necesarios para exploración— ha obligado a YLB a negociar directamente con comunidades locales. Estos acuerdos, aunque informales, han sido determinantes para viabilizar proyectos.
Un ejemplo reciente es el acuerdo alcanzado entre YLB y la comunidad de Río Grande, que permitió asegurar un volumen adicional de agua para la operación de la planta industrial de carbonato de litio, inaugurada en diciembre de 2023. Este entendimiento posibilita la ejecución del proyecto de infraestructura hídrica destinado a abastecer la fase industrial en el salar de Uyuni.
“…la construcción de confianza entre el Estado, la empresa pública y las comunidades emerge como un factor clave…”
CONSULTA PREVIA: UNA DEUDA PENDIENTE
En cuanto al derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), no se registran procesos formales aplicados en proyectos de minería del litio en Bolivia. Esto contrasta con la trayectoria histórica de movilización indígena en el país, que desde la marcha de 1990 ha impulsado avances normativos significativos en el reconocimiento de derechos territoriales.
A partir de la década de 1990, Bolivia consolidó mecanismos legales para la titulación de territorios indígenas, inicialmente bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y actualmente como Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), en el marco de la Ley INRA. En estos territorios debería aplicarse la CPLI, aunque su implementación depende en gran medida de la delimitación formal de las tierras.
La región intersalar —que abarca áreas de los departamentos de Oruro y Potosí, incluyendo los salares de Uyuni y Coipasa— concentra una parte importante de estos territorios. Allí existen al menos nueve territorios indígenas, cinco de ellos con titulación reconocida, que mantienen relación directa con zonas de exploración, pilotaje y operación de proyectos de litio.
Entre ellos destaca la TIOC Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, donde se ubican comunidades directamente afectadas por operaciones en el salar de Uyuni, así como por proyectos en desarrollo en Pastos Grandes y otros salares como Empexa, Capina, Cañapa y Chiguana. A su vez, otras áreas estratégicas, como el norte y oeste del salar de Uyuni y el salar de Coipasa, se superponen con territorios indígenas como Aransaya Maransaya, la Marka Salinas de Garci Mendoza y diversos ayllus.
ENTRE AVANCES Y VACÍOS
El caso del litio en Bolivia evidencia una tensión persistente entre el impulso estatal a la industrialización de recursos estratégicos y la necesidad de fortalecer mecanismos efectivos de participación indígena. Mientras la consulta pública se mantiene como principal herramienta institucional, la ausencia de procesos formales de consulta previa y de un marco legal para la licencia social plantea desafíos para la sostenibilidad social y ambiental de estos proyectos.
En este escenario, la construcción de confianza entre el Estado, la empresa pública y las comunidades emerge como un factor clave, aunque todavía sustentado más en acuerdos puntuales que en políticas estructurales..
(1) Chauvet, P., León, M. y Obaya, M. (Coords.) (2025), Litio, un recurso estratégico: gobernanza, redes globales de producción y sostenibilidad, 2023. Material de lectura del curso virtual. Serie Recursos Naturales y Desarrollo (227) (LC/TS.2025/57). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
