La polémica por la presunta compra de crudo a precios elevados por parte de YPFB volvió a escalar tras la circulación de documentos que apuntarían a un aparente obreprecio, a partir de un contrato con la empresa Trafigura PTE. Ltda.
EDICIÓN 151 | 2026
ENERGÍABolivia
La controversia se originó luego de que un medio de comunicación y algunos diputados denunciaran que la estatal habría adquirido barriles de petróleo crudo a Trafigura PTE. Ltda., a un precio superior al que se pagaba a Botrading, en la gestión de Luis Arce Catacora. No obstante, el actual presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira y la pro pia YPFB, negaron la existencia de un contrato firmado, asegurando que solo existió una oferta.
Pese a ello, comenzaron a difundirse dos documentos que, supuestamente, evidenciarían un contrato de suministro de crudo y una adenda posterior firmada días después, ambos con firmas atribuidas a representantes de la empresa internacional y a ejecutivos de YPFB.
El abogado y actual diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón sostuvo, durante el coloquio mensual de la revista, que la simple negación oficial no es suficiente. Señaló que si los documentos son falsos, el Gobierno debe iniciar acciones penales por presunta falsedad material e ideológica, dada la gravedad del contenido y sus posibles efectos. A su juicio, el caso requiere una respuesta institucional más contundente para esclarecer si se trata de contratos reales o de documentación apócrifa.
En la misma línea, el economista y analista energético, Juan Fernando Subirana, afirmó que corresponde a YPFB asumir una actitud proactiva y transparentar toda la información. Más que centrarse únicamente en la acusación de sobreprecio, indicó que podrían existir diferencias en condiciones contractuales según el momento de la operación. Sin embargo, insistió en que la clave para cerrar la controversia es la apertura total de documentación y una explicación clara que despeje dudas ante la opinión pública.
Al mismo tiempo, Alarcón ratificó que una comisión legislativa investigará el caso, en un contexto en el que crece la demanda ciudadana por mayor transparencia en la gestión de la empresa estatal. La Asamblea Legislativa pondrá la lupa sobre la presunta contratación entre YPFB y Trafigura PTE Ltda., en medio de crecientes pedidos de transparencia y aclaración pública.
COMISIÓN ESPECIAL EN DIPUTADOS
En este marco, el abogado Carlos Alarcón ratificó que presentó un pedido de informe escrito al ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli y al presidente de YPFB, Yuseff Akly, además de solicitar la conformación de la mencionada Comisión Especial de Investigación en la Cámara de Diputados.
Dicha comisión legislativa fue aprobada por más de dos tercios del pleno y estará integrada por 11 legisladores de distintas fuerzas políticas. En los próximos días se elegirá su directiva y se definirá la metodología de trabajo.
Alarcón rechazó que la indagación quede en manos de una instancia dependiente del Órgano Ejecutivo, al advertir un posible conflicto de intereses si las denuncias involucran al propio Gobierno y al Procurador General del Estado.
““…la transparencia debe ser una práctica estructural y no una reacción ante denuncias, especialmente en áreas estratégicas como hidrocarburos y empresas estatales.””
INVESTIGACIÓN INTEGRAL Y PLAZOS
El Pedido de Informe no se limita al presunto contrato con Trafigura PTE Ltda., sino que abarca todas las compras de crudo, diésel y gasolina realizadas en la actual gestión, con el fin de verificar su legalidad y conveniencia para el país.
Aunque el plazo formal de respuesta es de 10 días hábiles, el legislador advirtió que estos tiempos suelen extenderse. Por ello, solicitó que el Procurador, el ministro del área y el presidente de YPFB ofrezcan una conferencia de prensa para aclarar si existió o no el acuerdo y/o si los documentos difundidos podrían constituir un caso de presunta falsedad material e ideológica.
LAS RAZONES DETRÁS DE UNA EVENTUAL CONTRATACIÓN
En otra parte de la conversación, el análisis se centró en por qué YPFB habría optado por contratar a Trafigura PTE Ltda., una firma que arrastra antecedentes internacionales de soborno, en un momento tan complicado de la crisis de abastecimiento de combustible en el país.
Juan Fernando Subirana contextualizó la posible decisión precisamente en la crisis de abastecimiento de combustibles que atravesó el país el año pasado. Según explicó, la estatal necesitaba un proveedor con capacidad operativa inmediata en la región, y Trafigura PTE Ltda.,—con fuerte presencia en el Cono Sur— habría sido una alternativa logística viable ante la urgencia
No obstante, subrayó que cualquier contratación debía ajustarse estrictamente a la normativa vigente y a criterios de transparencia.
CUESTIONAMIENTOS Y ALTERNATIVAS
Alarcón recordó que, según reportes internacionales, Trafigura PTE Ltda.,fue investigada y sancionada en Suiza y Estados Unidos por casos de sobornos vinculados a operaciones en Angola y a funcionarios de Petrobras entre 2003 y 2014. Aunque los hechos son antiguos, sostuvo que el Gobierno debe justificar la eventual elección de una empresa con esos antecedentes.
Por otro lado, remarcó que no se trata del único actor del mercado internacional. Mencionó como alternativas a Vitol y a Pan American Energy, que en el pasado ha comercializado crudo con Bolivia.
NUEVOS FRENTES
La controversia por la importación de combustibles suma nuevos frentes en medio de la crisis energética que soporta el país. Hasta el cierre de este despacho, el debate ya no se centra únicamente en la existencia de un eventual contrato, sino en el tipo de producto adquirido, su calidad y los criterios técnicos que respaldaron la operación de YPFB.
Según las versiones difundidas, la compra habría sido de petróleo crudo para refinación y no de diésel o gasolina listos para su distribución. El abogado Carlos Alarcón recordó que las refinerías bolivianas están diseñadas para procesar crudos de alta calidad, por lo que, de haberse importado petróleo del exterior, el Ejecutivo debe explicar si este cumplía con las especificaciones técnicas necesarias.
Ambos coincidieron en que además de la elección del proveedor, se exige claridad sobre los criterios técnicos, económicos y legales que sustentaron la decisión, en un contexto donde se estima que el Gobierno priorizó garantizar el abastecimiento inmediato, aun cuando la alternativa escogida no fuera la más eficiente o menos cuestionada
CALIDAD DEL COMBUSTIBLE EN ENTREDICHO
La polémica se amplió con denuncias sobre presuntos daños en motores atribuidos a la gasolina importada. Aunque se mencionó un posible aumento en la mezcla de etanol, versiones técnicas descartaron totalmente que esa sea la causa.
“Desde hace 7 años se mezcla en Bolivia el etanol de producción nacional, con la gasolina, nunca por encima del 12%, como está normado, de ahí que no exista un solo caso comprobado de fallas mecánicas atribuibles a dicho producto”, destacó Gary Rodríguez, gerente general del IBCE agregando que: “…el etanol boliviano es un producto de alta calidad: anhidro, ultra destilado, traslúcido, libre de agua, de octanaje superior a 108 RON; no genera sedimentos, no oscurece el combustible y no daña el motor, al contario, mejora la combustión y eleva el octanaje al ser 99,5% puro.”
En este marco, Alarcón planteó que la comisión legislativa debe investigar si la baja calidad responde a deficiencias en la gestión de YPFB o a un eventual sabotaje dentro de la cadena de distribución. También pidió esclarecer las contradicciones sobre un contrato con la empresa argentina Camin Cargo Control, encargada de verificar la calidad del combustible. Mientras inicialmente la firma indicó que no se aplicaron controles, un representante de la firma aseguró que sí se realizaron pruebas en Buenos Aires, detectando altos niveles de un contaminante conocido como “goma”.
Simultáneamente a esta conversación, YPFB aseguró que “los combustibles que se comercializan en el país cumplen con los estándares técnicos establecidos y que se mantienen los controles necesarios para garantizar su calidad.”
RESPONSABILIDADES Y REFORMAS
En criterio de estos analistas, la investigación deberá determinar tres ejes: el origen de la presunta mala calidad, la legalidad de los contratos de importación y las responsabilidades administrativas o penales. Alarcón recordó que el Estado debe responder por los daños ocasionados a particulares por fallas en la administración pública.
Más allá de establecer culpables, coinciden en que el proceso debe derivar en reformas estructurales que fortalezcan los controles de calidad y la transparencia contractual, especialmente en un escenario donde la subvención es menor y los precios internos se acercan a valores internacionales.
Finalmente, Juan Fernando Subirana advirtió que cualquiera de los escenarios —mala gestión, incumplimientos o sabotaje— tendría un fuerte impacto institucional. Si se trata de errores administrativos, afectaría la credibilidad de YPFB y del Gobierno; si se confirma sabotaje, demandaría investigaciones profundas y sanciones ejemplares. En ambos casos, concluyen, la crisis energética exige no solo soluciones logísticas, sino también transparencia y rigor técnico.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
El abogado Carlos Alarcón sostuvo que el país necesita reglas claras de acceso a la información para evitar que la incertidumbre erosione la gestión económica.
Recordó que en 2021 presentó un proyecto de ley de acceso a la información pública y afirmó que una normativa sólida en esta materia es el “antídoto más efectivo contra la corrupción”, al obligar a publicar contratos, cifras y decisiones de forma permanente.
A su criterio, la transparencia debe ser una práctica estructural y no una reacción ante denuncias, especialmente en áreas estratégicas como hidrocarburos y empresas estatales.
Por su parte, Juan Fernando Subirana enfatizó que toda gestión debe ir acompañada de una estrategia comunicacional clara que brinde certidumbre a la ciudadanía. Señaló que la demanda social no es solo acceso a datos, sino una apertura total que permita disipar especulaciones y fortalecer la confianza pública.
El coloquio cerró con un llamado a combinar transparencia, investigación rigurosa y manejo responsable de la información, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y preservar la credibilidad de una de las empresas más estratégicas del Estado.
