Analistas recomiendan planificación, respaldo institucional y capacidad técnica en la estatal petrolera que estaría siendo parte de “una cadena de decadencia”. Aseguran que las decisiones que se adopten en el corto plazo marcarán el rumbo del sector en las próximas décadas.
EDICIÓN 153 | 2026
ENERGÍABolivia
La dimisión de Claudia Cronenbold a la presidencia de YPFB sacudió al sector energético de Bolivia y volvió a poner en evidencia la fragilidad institucional de la empresa estatal, en un contexto ya marcado por tensiones económicas y dificultades en el abastecimiento de combustibles y gas natural.”
La salida de Cronenbold, ocurre en un momento crítico. Analistas coinciden en que su renuncia no solo refleja obstáculos internos para la gestión, sino también la ausencia de condiciones estructurales necesarias para conducir una empresa con responsabilidades casi monopólicas en el mercado energético nacional.
Durante el coloquio de la revista ENERGÍABolivia, el ex presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, calificó la renuncia como “lamentable” y señaló que su nombramiento había generado expectativas de cambio. Agregó que la propia carta de dimisión deja entrever que “sin reformas de fondo es inviable dirigir la estatal.”
Ortiz subrayó que YPFB cumple un rol estratégico al garantizar el abastecimiento interno de combustibles y gas, lo que exige planificación, respaldo institucional y capacidad técnica. “Si no existen condiciones para llevar adelante el trabajo, es natural que una persona con ese perfil dé un paso al costado”, afirmó.
Asimismo, recordó la importancia histórica de la empresa, fundada en 1936 bajo el impulso de Dionisio Foianini, y advirtió que la actual situación forma parte de una “cadena de decadencia” que deteriora su legado.
Por su parte, el experto en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, sostuvo que el problema de fondo trasciende a las personas. “Una golondrina no hace verano”, señaló, al remarcar que el cambio de autoridades no resuelve una crisis estructural.
Velásquez recordó que, “desde la llamada nacionalización” y la promulgación de la Ley 3058, YPFB ha tenido 16 presidentes ejecutivos en 20 años, incluyendo a Cronenbold, muchos con gestiones breves, lo que dificulta cualquier transformación profunda. En ese sentido, planteó la necesidad de una reforma institucional integral que incluya la designación de autoridades mediante mecanismos independientes y el cumplimiento del estatuto vigente.
En esa línea, Velásquez insistió en que las limitaciones estructurales de YPFB no solo responden a la coyuntura, sino a un marco normativo rígido que condiciona su funcionamiento. “No hay posibilidad de gestión eficiente cuando una ley impone una camisa de fuerza en términos de estructura y ubicación de gerencias”, afirmó.
El analista añadió que otro elemento clave es la institucionalización de la empresa estatal, lo que pasa por que el presidente ejecutivo sea elegido a partir de ternas propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y todo el personal sea contratado mediante procesos competitivos de selección técnica y psicométrica. Según explicó, es necesario que todos los cargos respondan a perfiles definidos y que su selección se realice mediante procesos técnicos y psicométricos. Velásquez también fue enfático en que la estatal requiere una reconfiguración profunda. “Hoy YPFB es un “monstruo” organizacional. Hay que achicarla, darle una estructura coherente y proyectarla como una verdadera empresa petrolera estatal”, concluyó.
REFORMAS Y NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS
En este contexto, la conversación entre ambos se trasladó al plano político y normativo, a propósito del anuncio de una nueva ley de Hidrocarburos. El ex presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, evitó adelantar criterios sobre la necesidad de modificar la Constitución, como paso previo a una ley del sector. “Es muy difícil opinar sobre un documento que aún no se conoce. Lo responsable es esperar que el proyecto sea remitido a la Asamblea y recién evaluar sus alcances”, señaló.
Por su parte, Velásquez explicó que la política hidrocarburífera en Bolivia se sustenta en tres pilares normativos: la Ley 3058, el decreto de nacionalización y la Constitución. Aunque reconoció que existen cuestionamientos al texto constitucional, fue claro al señalar que el país no tiene margen de tiempo para encarar una reforma constitucional antes de aprobar una nueva ley sectorial.
“El sector hidrocarburífero necesita respuestas urgentes. No puede esperar un cambio constitucional para recién avanzar en una nueva ley”, afirmó. En ese sentido, planteó que cualquier reforma deberá desarrollarse dentro del marco vigente, pese a su carácter estatista y a las restricciones que imponen artículos como el 361 y 362 de la actual Constitución Política del Estado.
Ambos especialistas coincidieron en que, sin conocer el contenido del proyecto de ley, es prematuro evaluar si los cambios serán estructurales o meramente cosméticos. Sin embargo, subrayaron “la urgencia de reactivar un sector que ha pasado de ser generador de divisas a demandante de recursos externos, afectando directamente a la economía nacional.”
¿SE PUDO EVITAR LA CRISIS?
En este marco, se profundizó la reflexión sobre la actual crisis del sector hidrocarburífero. Para Velásquez, las señales de deterioro eran visibles desde hace más de una década.
Recordó que en 2014, tras la caída de los precios internacionales del petróleo, Bolivia comenzó a experimentar una fuerte contracción en sus ingresos por exportación de gas. No obstante, advirtió que el problema no fue solo externo. “Ya entonces se observaba una falta de proyectos en cartera y una caída en la inversión exploratoria, lo que anticipaba una reducción en la producción”, explicó.
Desde la Fundación Jubileo —añadió— se venía advirtiendo desde 2009 la necesidad de actualizar la normativa sectorial para adecuarla a la nueva Constitución y corregir inconsistencias legales, especialmente en materia de contratos y régimen fiscal.
Entre los factores críticos, mencionó un sistema fiscal excesivamente rentista que desincentivó la inversión privada en exploración, así como señales tempranas como el aumento en la importación de combustibles, algo inusual en años anteriores.
En conjunto, los analistas remarcaron que la crisis actual no es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones postergadas y reformas no ejecutadas a tiempo. La renuncia de Cronenbold, en este contexto, aparece como un síntoma más de un problema estructural que sigue sin resolverse.
A su turno, el ex presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, profundizó en las causas estructurales de la crisis, coincidiendo en que el año 2014 marcó un punto de inflexión determinante para el sector hidrocarburífero en Bolivia.
Ortiz explicó que la caída de los precios internacionales del petróleo impactó directamente en los ingresos por exportación de gas, tanto hacia Brasil como hacia Argentina, debido a la fórmula de indexación vigente en los contratos. Sin embargo, subrayó que el problema se agravó por factores internos, como el crecimiento del mercado interno con precios congelados desde hace décadas.
“Cuando el mercado interno gana peso en el precio promedio, pero mantiene tarifas congeladas, el flujo de caja de los campos petroleros disminuye, afectando tanto su desarrollo como la inversión en exploración”, sostuvo. En ese contexto, advirtió que sin incentivos adecuados, la actividad exploratoria se vuelve inviable.
Si bien reconoció que existieron algunos proyectos exploratorios impulsados por empresas internacionales, cuestionó la limitada participación de YPFB en esta área, pese a contar con importantes recursos económicos en su momento. “Si no hay inversión en exploración, una petrolera no renueva sus reservas, y sin reservas está condenada a desaparecer”, enfatizó.
El ex ejecutivo fue crítico con el enfoque económico adoptado durante años, al que calificó como “rentista”, señalando que los ingresos del sector fueron distribuidos entre distintos niveles del Estado sin priorizar la reinversión productiva. “Muchos actores se beneficiaron de la renta petrolera y no se tomaron decisiones oportunas para sostener la producción”, indicó.
Asimismo, mencionó que los intentos de corrección, como la ley de incentivos de 2017, llegaron tarde y con una implementación limitada, lo que contribuyó a la caída sostenida de la inversión y, en consecuencia, de la producción.
En ese sentido, Ortiz planteó que uno de los temas centrales a debatir es la política de precios en el mercado interno. “Hoy el mercado interno es el principal destino de la producción, pero con precios congelados se vuelve extremadamente difícil atraer inversiones, tanto en exploración como en desarrollo”, explicó.
También sugirió revisar la carga fiscal del sector, redistribuyendo la presión tributaria hacia otras actividades económicas generadoras de divisas. “No se puede seguir considerando al sector hidrocarburífero como el único que debe sostener la carga fiscal del país”, afirmó.
Para el ex presidente de YPFB, la crisis actual responde tanto a factores externos como a decisiones internas postergadas. “El país se enamoró de la renta petrolera, creyendo que era estable y permanente, cuando en realidad se trata de recursos no renovables”, reflexionó.
TRANSICIÓN ENERGÉTICA: UN DESAFÍO DE LARGO PLAZO
En la parte final del análisis, el debate se centró en la viabilidad de una transición energética en Bolivia, en medio de la actual crisis. El analista de Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, señaló que el país ha limitado históricamente su política energética al gas natural, descuidando la diversificación de fuentes.
““Durante décadas se pensó el gas únicamente como generador de renta, sin construir una política energética integral”, afirmó. En su criterio, Bolivia necesita con urgencia una ley marco de energía que establezca principios como seguridad, diversificación y sostenibilidad, además de una hoja de ruta para una transición que podría tomar entre 30 y 40 años.
Velásquez advirtió que el desafío no solo está en cambiar la matriz energética, sino también en transformar los patrones de consumo. “No basta con cambiar la fuente si el consumo sigue creciendo de manera irresponsable e ineficiente”, señaló.Asimismo, destacó que los precios subvencionados del gas natural en el mercado interno dificultan el desarrollo de energías renovables, como la hidroeléctrica, la solar o la eólica, al hacerlas menos competitivas frente a la generación termoeléctrica.
En paralelo, alertó sobre la persistencia de una cultura rentista en la sociedad boliviana, que prioriza la distribución de ingresos antes que su uso eficiente. “El 93% de la renta de cero sigue siendo cero. Sin producción, no hay nada que repartir”, puntualizó.
Ambos analistas reconocieron que cualquier transición energética debe ser gradual, inclusiva y basada en una planificación de largo plazo, con participación de múltiples actores.
En un contexto de caída productiva, presión fiscal y debilidad institucional, Bolivia enfrenta el reto de redefinir su modelo energético, equilibrando la urgencia de reactivar el sector hidrocarburífero con la necesidad de avanzar hacia un sistema más diversificado y sostenible.
El país se enamoró de la renta petrolera, creyendo que era estable y permanente, cuando en realidad se trata de recursos no renovables”
ENTRE LA URGENCIA Y LA PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO
En la recta final del análisis, Juan Carlos Ortiz reforzó la idea de que la crisis energética en Bolivia no solo responde a factores coyunturales, sino a una histórica falta de planificación y de lectura estratégica del sector.
El ex titular de YPFB ilustró cómo el modelo energético actual se ha construido sobre distorsiones de precios. Señaló que cerca del 70% de la generación eléctrica en el país depende del gas natural, un nivel superior al promedio mundial, impulsado —según explicó— por subsidios implícitos que no reflejan el verdadero valor del recurso. “El gas subsidiado genera decisiones de inversión equivocadas y termina castigando al propio sector hidrocarburífero”, dijo.
Ortiz también alertó sobre el deterioro de la posición externa del país, con una creciente dependencia de importaciones energéticas y una limitada capacidad de generación de divisas. En ese contexto, sostuvo que Bolivia no puede resolver su crisis “importando más”, sino racionalizando el sector y apostando por la diversificación.
Como referencia, evocó el caso de Brasil tras el primer choque petrolero y el desarrollo del programa Proálcool, que permitió transformar su matriz energética y, décadas después, posicionarse como exportador de crudo. “Hay experiencias internacionales que muestran que la diversificación es posible si existe planificación y consistencia en las políticas públicas”, remarcó.
El ex ejecutivo insistió en la necesidad de sustituir importaciones, mejorar la eficiencia energética y diversificar la matriz, no solo en generación eléctrica, sino también en el consumo de combustibles. “El desafío de los próximos años es evitar que la caída de la producción y reservas profundice la crisis de divisas”, señaló, advirtiendo que recuperar una posición exportadora relevante podría tomar al menos una década.
Por su parte, el analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, coincidió en que el país atraviesa un cambio de paradigma. “Durante 25 años pensamos en los hidrocarburos como fuente de renta; hoy el desafío es no quedarnos sin energía”, afirmó.
Velásquez enfatizó que, con un 80% del consumo energético basado en hidrocarburos, Bolivia enfrenta un riesgo real de desabastecimiento si no se adoptan medidas urgentes. En ese sentido, planteó seis ejes clave para una nueva ley de hidrocarburos: fortalecimiento institucional, reglas claras para la participación privada, seguridad jurídica en contratos, revisión del sistema de precios, ajuste del régimen fiscal y uso estratégico de la renta petrolera.
“El problema no es solo cuánto se recibe, sino cómo se utiliza esa renta para garantizar sostenibilidad y diversificación”, puntualizó. Además, insistió en que el país debe dejar de abordar los hidrocarburos de manera aislada y avanzar hacia una visión integral del sistema energético.
Ambos especialistas coincidieron en que Bolivia se encuentra en un punto crítico, donde las decisiones que se adopten en el corto plazo marcarán el rumbo del sector en las próximas décadas. La discusión sobre una nueva ley de hidrocarburos, sumada a la crisis institucional de YPFB, abre un debate impostergable sobre el modelo energético del país.
Con reservas en declive, creciente dependencia de importaciones y una estructura institucional debilitada, el reto ya no es solo económico, sino estratégico: garantizar energía para el desarrollo, remarcaron luego de que, en cosa de horas, el sector se viera remecido; primero, con la renuncia de Cronenbold y luego de Mauricio Medinaceli, como ministro de Hidrocarburos y Energías. La posesión de Sebastian Daroca, como nuevo titular de YPFB, fue posterior a esta entrevista.
“…el país debe dejar de abordar los hidrocarburos de manera aislada y avanzar hacia una visión integral del sistema energético.”
