ENERGÍABolivia abordó las urgencias y prioridades de la agenda energética nacional, en un escenario de crisis hidrocarburífera. Los participantes dejaron claro que el gas debe seguir marcando agenda y que el litio no es la solución.
EDICIÓN 146 | 2025
Vesna Marinkovic U.
La crisis económica que atraviesa Bolivia, derivada en gran medida de la caída en la producción de hidrocarburos, ha puesto en el centro del debate la urgencia de definir políticas claras para el sector energético. Con este telón de fondo, el coloquio de la revista reunió a dos voces relevantes del ámbito energético: el Ingeniero Enzo Michel, director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), y el doctor Iver Von Borries, socio director del bufete Wayar y Von Borries, ambos con una amplia trayectoria vinculada al sector.
En el encuentro se planteó cuatro ejes centrales: la necesidad de una política de Estado que brinde certidumbre en el corto plazo, el rol de la inversión y la excelencia operacional para revertir la crisis, la importancia de la integración energética regional y, finalmente, las prioridades urgentes que deberían encaminarse en el periodo 2025-2026.
En su primera intervención, el ingeniero Michel subrayó la importancia de generar reglas de juego claras y duraderas que devuelvan confianza al sector privado. Recordó que países vecinos como Argentina, Perú, Colombia y Brasil ya han dado señales firmes a los inversionistas a través de acuerdos bilaterales y marcos jurídicos estables, mientras que en Bolivia la incertidumbre ha provocado una caída sostenida de las inversiones. “No es sorpresa para nadie que las inversiones han ido cayendo, necesitamos compromisos que perduren en el tiempo, al menos de 10 a 20 años, para revertir la curva”, afirmó.
VON BORRIES: “EL GAS NATURAL DEBE SEGUIR SIENDO LA BASE DE NUESTRA ECONOMÍA”
Por su parte, el doctor Iver Von Borries coincidió en la necesidad de replantear con urgencia la política energética del país, pero advirtió que Bolivia no puede depender únicamente del litio como eje de sus ingresos fiscales. Recordó que se trata de un sector todavía incipiente a nivel global y sin técnicas extractivas completamente consolidadas, especialmente en el ámbito medioambiental, lo que genera un alto nivel de incertidumbre sobre su sostenibilidad futura.
En ese sentido, Von Borries planteó que la estrategia nacional debería volver a lo que el país conoce y ha desarrollado durante décadas: la explotación del gas natural. “Además de una política clara del gobierno, se requiere voluntad política, algo que lamentablemente no hemos visto en los últimos años”, señaló, cuestionando la falta de reposición de reservas y la ausencia de una planificación adecuada en el sector.
El abogado también subrayó la urgencia de modernizar el marco normativo vigente. Recordó que la Ley de Hidrocarburos 3058 data del año 2005 y, además de estar desfasada, presenta artículos incompatibles con la Constitución Política del Estado promulgada en 2009. “Es una ley anticuada, injusta y con disposiciones inconstitucionales. Una nueva norma debería aprobarse en la próxima legislatura, pero mientras tanto es indispensable emitir regulaciones claras, aplicables y que realmente generen incentivos para recuperar la confianza de la inversión extranjera”, afirmó.
Con este planteamiento, Von Borries coincidió con Michel en que la certidumbre jurídica y las reglas claras a largo plazo son condiciones ineludibles para que Bolivia pueda superar la actual crisis hidrocarburífera y económica.
“NECESITAMOS ACTIVAR PROYECTOS EN LOS MEGA CAMPOS Y GANAR TIEMPO PARA EXPLORAR”
En su segunda intervención, el ingeniero Michel advirtió que la curva de producción de gas en Bolivia está en declinación y que, si bien en los próximos dos o tres años aún no se sentirá con fuerza, hacia 2028 o 2029 la oferta podría cruzarse con la demanda, generando un escenario crítico de desabastecimiento.
Frente a esta situación, planteó dividir el problema en dos etapas. En el corto plazo, propuso activar algunos proyectos que quedan en campos actualmente en producción, especialmente en los mega campos como Sábalo, Margarita e Incahuasi, donde todavía existe actividad técnica posible, aunque hoy no resulte rentable bajo las condiciones vigentes. “Con ciertos incentivos podemos activar proyectos de corto plazo, y para el mediano y largo plazo necesitamos una nueva Ley de Hidrocarburos con mucha más certeza y condiciones competitivas respecto a la región”, explicó, recordando que la carga fiscal en Bolivia supera el 80%, mientras que en países vecinos ronda el 50%.
Recalcó que todos los campos bolivianos son maduros y están en declinación, lo que obliga a priorizar inversiones inmediatas en los que ya cuentan con infraestructura, transporte y facilidades de producción. También mencionó la necesidad de evaluar nuevas exploraciones, como en la cuenca Madre de Dios, aunque reconoció que se trata de proyectos a más largo plazo.
Uno de los principales obstáculos, subrayó, es que los mega campos destinan actualmente entre el 60% y 70% de su producción al mercado interno, a precios seis veces menores que los de exportación. Esto desincentiva nuevas inversiones y pone en riesgo la continuidad de operaciones, ya que algunas actividades ni siquiera cubren los costos operativos. Para revertir esta situación, destacó la importancia de la Ley de Incentivos propuesta por la CBHE al Gobierno y que ofrece un adicional de dos dólares por cada millar de pies cúbicos destinado al mercado interno, medida que permitiría reactivar proyectos, generar mayor producción y asegurar remanentes para la exportación.
Finalmente, advirtió que el esfuerzo debe acompañarse de un uso más racional del gas natural en el mercado interno. “Al tener un precio tan bajo, no le hemos dado el mejor uso. Si logramos un esquema más equilibrado, incluso podemos abrir espacio a las energías renovables y reducir la brecha que tenemos de manera sostenible”, remarcó.
VON BORRIES: “ESTAMOS DEMASIADO TARDE, PERO AÚN PODEMOS RECUPERAR LA CONFIANZA”
Consultado sobre si las medidas que se discuten podrán rendir frutos en el corto, mediano o largo plazo, el doctor Iver Von Borries fue categórico al señalar que los ciclos productivos del sector energético son largos y que Bolivia ya enfrenta una situación crítica. “En oil and gas, de cada diez pozos perforados, siete resultan negativos; es una tasa global, y en Bolivia estamos demasiado tarde”, advirtió. Sin embargo, insistió en la necesidad de ver el “vaso medio lleno” y de que el próximo gobierno, sin importar el signo político, tenga como pilar recuperar la confianza de los inversionistas. A su juicio, esto pasa por una Asamblea Legislativa unificada que apruebe proyectos de ley capaces de revertir el tiempo perdido y dar señales claras al mercado. “No solamente estamos hablando de una crisis en cuanto al gas, también hablamos de una crisis eléctrica en el mediano plazo. Las turbinas de ciclo combinado dependen del gas natural, y sin gas no podremos producir electricidad. Es lo mismo con el GNV, el gas domiciliario y toda la cadena de consumo que sostiene a la población”, explicó sin descartar un escenario de posibles apagones en el futuro cercano, con el consiguiente impacto económico y social.
El tercer eje del coloquio planteó un nuevo desafío: analizar si la atracción de inversiones puede complementarse con un fortalecimiento de la integración energética regional. En este punto, se abrió el debate sobre la necesidad de potenciar las relaciones con países vecinos, como Argentina, y con los mercados ya conectados por gasoductos, no solo para transportar gas, sino también para que Bolivia logre un beneficio económico tangible en un contexto de crisis.
MICHEL: “EL PRÓXIMO GOBIERNO PODRÍA SER EL PRIMERO EN IMPORTAR GAS SI NO ACTUAMOS CON URGENCIA”
Al abordar el tema de la integración regional, Michel destacó que Bolivia cuenta con una ventaja competitiva clave: el sistema de ductos que conecta Argentina con Brasil atravesando territorio boliviano. Sin embargo, advirtió que el país no está enviando señales claras a sus socios estratégicos. “La percepción en Argentina es que Bolivia inminentemente va a convertirse en un país importador de gas. Eso genera dudas sobre si realmente somos un socio confiable para contratos de largo plazo con Brasil”, señaló.
Recordó que, durante años, Bolivia fue un proveedor seguro para la región, pero que hoy es vista como una nación en declive. Ante este panorama, insistió en que el principal desafío es evitar que se crucen la oferta y la demanda de gas, lo que podría ocurrir a finales de la década. “Siempre digo que el próximo gobierno, sea del signo que sea, puede ser el primero en importar gas si no tomamos decisiones urgentes”, alertó.
…los corredores bioceánicos, están siendo diseñados para evitar pasar por territorio boliviano…”
El ejecutivo subrayó que los proyectos gasíferos no se resuelven de inmediato: requieren cambios legales, licencias ambientales, perforaciones que cuestan hasta 100 millones de dólares por pozo y toman por lo bajo 12 meses en completarse. Por eso, insistió en la necesidad de actuar cuanto antes para atraer inversiones y activar proyectos que garanticen el suministro interno y, a la vez, mantengan la capacidad exportadora.
Respecto a la integración energética, Michel defendió que Bolivia sigue siendo la mejor alternativa para la región, siempre y cuando logre cubrir primero su propio mercado interno y envíe señales claras de estabilidad. También apuntó que será inevitable discutir el tema de las tarifas en el próximo gobierno, ya que costos excesivamente altos podrían hacer inviables proyectos de transporte desde Vaca Muerta hacia Brasil, acercando los precios al nivel del gas natural licuado (LNG). “Ese es el parámetro que tenemos que considerar cuando pensamos en integración regional”, concluyó.
INVERSIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA: LA OTRA CARA DE LA INTEGRACIÓN
A su turno, Von Borries fue enfático al señalar que el principal obstáculo para avanzar en la integración energética regional no solo pasa por la capacidad de producción, sino también por la falta de un marco jurídico atractivo y confiable para los inversionistas.
“Hay que decir las cosas como son. Lo primero que debemos hacer es reconocer que lo hecho en los últimos 20 años no ha estado bien. La nacionalización de los hidrocarburos, que en su momento fue presentada como una victoria política, hoy nos está pasando factura. La salida del CIADI y el desmantelamiento de 23 tratados bilaterales de inversión dejaron a Bolivia aislada y sin garantías para los capitales extranjeros”, sostuvo.
El experto recordó que la falta de seguridad jurídica ha convertido al país en un destino poco atractivo para inversiones de gran envergadura. “Si queremos salir a buscar dinero fresco, no lo vamos a encontrar en el sector privado nacional, porque no existen empresarios con esa capacidad. La única opción es recurrir a organismos multilaterales o atraer empresas extranjeras. Y esas empresas existen, en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil; pero ninguna vendrá si no recuperamos la confianza”, añadió.
Iver alertó también sobre el hecho de que los grandes proyectos de conectividad regional, como los corredores bioceánicos, están siendo diseñados para evitar pasar por territorio boliviano, lo que demuestra la pérdida de competitividad del país en la región.
“Hoy la labor principal del próximo gobierno debe ser reconstruir la seguridad jurídica y ofrecer condiciones fiscales competitivas. Con un government take cercano al 80% jamás vamos a ser atractivos, por más recursos naturales que tengamos. A las empresas lo que les interesa es la tasa de retorno en el menor tiempo posible, y Bolivia hoy no ofrece eso”, concluyó.
LOS TIEMPOS PARA REACTIVAR LA PRODUCCIÓN
Por el momento y como medida de corto plazo, Michel recomendó partir de un diagnóstico realista y transparente de la situación. “Lo primero es reconocer la realidad. No se trata de mensajes políticos ni temerarios: es la situación objetiva del país. Necesitamos una ley de incentivos que ya está en discusión en la Cámara de Diputados, lo cual nos ha permitido ganar algo de tiempo. En Bolivia aprobar un contrato de servicios petroleros ha llegado a tardar siete años, y eso es insostenible. Con esta ley podríamos renegociar plazos, términos económicos y eliminar burocracias innecesarias, lo que nos daría en seis meses la posibilidad de activar licencias ambientales y preparar adendas contractuales”, explicó.
Michel señaló que el primer año del proceso de reactivación del sector hidrocarburífero estaría marcado por la adecuación normativa y la activación de permisos, mientras que en el segundo año (2027) podrían comenzar a ejecutarse proyectos en áreas con potencial de corto plazo, como el norte de Sábalo, Caipipendi, Incahuasi y campos operados por YPFB Chaco y YPFB Andina.
“Hay que ser realistas: no vamos a volver a producir 60 millones de metros cúbicos de gas en el corto plazo. Se trata de avanzar paso a paso y, sobre todo, de reconstruir la confianza del inversor. Y eso aplica también a YPFB, porque al final del día es una empresa y debe regirse por criterios de rentabilidad. No podemos seguir impulsando proyectos antieconómicos”, recalcó.
Recordó que, pese a la caída en la producción, Bolivia todavía cuenta con un potencial significativo. Trajo a colación que un estudio de Ryder Scott en 2022 identificó un portafolio de alrededor de 30 TCFs de recursos, aunque no clasificados como reservas. “Eso demuestra que hay oportunidades en el subandino sur, el subandino norte y la cuenca Madre de Dios. El subandino sur puede ser trabajado en el corto plazo, pero los demás casos son apuestas de mediano y largo plazo, porque requieren infraestructura y maduración”, explicó.
Finalmente, Michel insistió en que el país debe acelerar la discusión sobre una nueva Ley de Hidrocarburos. “Mientras más rápido tengamos un marco legal renovado, más pronto podremos atraer inversiones de exploración de frontera. Durante 20 años no hemos asumido ese riesgo, y por eso hoy enfrentamos la caída. Los pozos son caros, profundos y con alta incertidumbre, pero también ofrecen premios importantes. Si Bolivia no ofrece condiciones fiscales competitivas, esas inversiones simplemente se harán en otro lugar”, remarcó.
UN CIERRE CON ALERTAS Y ESPERANZAS
El coloquio concluyó con un mensaje que buscó poner en perspectiva el reto inmediato. Los expertos coincidieron en que Bolivia necesita comprender que no se trata solo de aspirar a porcentajes altos de participación estatal, sino de generar condiciones que permitan atraer inversiones reales. “Es mejor tener el 50% de algo, que el 80% de nada”, resumió Iver Von Borries, subrayando la urgencia de modificar el régimen vigente para que tanto empresas internacionales como nacionales, públicas y privadas, encuentren viabilidad en el país a través de alianzas público-privadas.
En el balance, se identificaron dos aspectos positivos que permiten cierto optimismo: por un lado, la existencia de un proyecto de Ley de Incentivos que, de aprobarse, podría convertirse en el primer paso hacia una mayor certidumbre; y, por otro, el hecho de que Bolivia aún conserva un importante potencial de recursos hidrocarburíferos, en particular de gas, aunque estos aún no se traduzcan en reservas.
No obstante, también quedó clara la magnitud del desafío: el país atraviesa una crisis puntual y concreta en el sector de hidrocarburos, que ya repercute en la economía nacional. La falta de inversiones exploratorias, la ausencia de seguridad jurídica y la demora en la modernización del marco normativo han colocado a Bolivia en una encrucijada que, de no resolverse con rapidez, podría comprometer tanto la seguridad energética como la estabilidad macroeconómica.
La conclusión del diálogo fue categórica: el futuro hidrocarburífero y económico de Bolivia dependerá de decisiones técnicas, inteligentes y urgentes, que permitan superar la crisis actual y devolver al país su atractivo en el mercado regional e internacional.
