EDICIÓN 93 | 2021

Vesna Marinkovic U.

El que fuera nombrado abogado del año 2020 en el sector de los hidrocarburos, considera que la Ley 3058 está obsoleta en muchos aspectos, y requiere modificaciones para situar a Bolivia en el radar de las empresas interesadas en invertir

No debemos olvidar que la descarbonización del planeta es una cuestión de supervivencia de la raza humana”

1El pasado mes de enero usted fue nombrado por el International Gas & Energy Forum, como el “Mejor Abogado en el sector Hidrocarburos y Energía de Bolivia”, por la gestión 2020. ¿Qué representa para usted dicha nominación?

Me siento honrado, pues de alguna manera es un reconocimiento a la dedicación hacia nuestros clientes, tanto para mí, como para todo el equipo junto a quienes conformamos el Estudio Jurídico Wayar & von Borries.

2El sector del Oil & Gas a nivel global se vio muy afectado por la pandemia por el COVID-19, en su criterio, ¿cómo fue el año 2020 en dicho sector para Bolivia?

 Lógicamente Bolivia no fue la excepción y los efectos de la emergencia sanitaria en la economía boliviana se dejaron sentir. Sin embargo, debido a que la industria del gas y el petróleo es estratégica para la economía boliviana y existen actividades que deben continuar realizándose, durante el 2020 logramos asesorar a nuestros clientes, en contratos por un total de USD 250 millones, tanto en tareas de operación y mantenimiento, provisión de tuberías y otros materiales y servicios de construcción de distintas facilidades en el país.

 

3La inversión extranjera es clave para el desarrollo del sector. ¿Usted considera que Bolivia cuenta con seguridad jurídica suficiente para lograr este cometido?

 

Considero que, al margen de los efectos de la pandemia a nivel global Bolivia se encuentra atravesando por una etapa crítica en la industria del Oil & Gas. Los denominados “mega-campos” entrarán los próximos años, inevitablemente, en fase de declinación y la sustitución de nuevas reservas, por vía de la exploración ha sido incipiente. Debemos recordar que dicha fase de la cadena es aleatoria y muy costosa, consiguientemente, únicamente con un marco normativo/regulatorio atractivo, la exploración se hace viable. Lamentablemente en Bolivia, el “Government take” es elevado con relación a otros países y eso hace que perdamos competitividad.

 

Sin embargo no todo está perdido, lo que el Gobierno de Bolivia, a través de la cartera del sector debe hacer, es dar un “golpe de timón”. Para ello, lógicamente, se requiere voluntad política, pues existen normas, como el caso de la Ley de Hidrocarburos 3058 que no solamente ha quedado obsoleta en muchos aspectos, sino que además requiere de modificaciones que logren volver a situarnos en el radar de las empresas interesadas en invertir en la extracción de gas natural.

 

Y al decir esto no quiero que se me malinterprete, en sentido de regresar a un régimen de desigualdad en el que la empresa privada obtenga un rédito enorme y desproporcional. A lo que me refiero es que debe lograrse el delicado equilibrio entre ofrecer seguridad jurídica al inversionista y a la vez lograr ingresos para el país. En la medida que el inversionista perciba que su inversión le está siendo redituable y que logrará recuperar su inversión en un plazo razonable por una parte y el Estado receptor de la inversión genere ingresos, empleo y adquiera tecnología, por la otra, la ecuación está completa. Sin embargo no debemos olvidar que la seguridad jurídica no es un concepto que se alcanza con la emisión de una sola norma, sino más bien con voluntad política, pronunciamientos y acciones coherentes y con la emisión de normativa atractiva para la inversión.

 

4Entonces, si pudiera resumir en tres aspectos puntuales, ¿cómo debería lograrse la reactivación del sector del gas en Bolivia?

 

En primer lugar modificando la Ley No. 3058 en cuanto al IDH. En conversaciones que vengo sosteniendo con expertos tributarios, es factible crear un impuesto progresivo-proporcional y no con una alícuota “plana” para todas las empresas por igual.

 

Otro aspecto a implementar, sería la suscripción de Acuerdos de Estabilidad Impositiva, pues estos generan mucha confianza a los inversionistas. De esta manera, se les asegura que durante la vigencia de sus contratos, el régimen impositivo/tributario se mantendrá inalterable.

 

Y en tercer lugar, la suscripción de Acuerdos Público Privados beneficiarían muchísimo al sector. Nadie quiere “casarse” con una entidad burocrática. El sector Oil & Gas es dinámico y no dejamos de ser un país atractivo por nuestros recursos naturales. Consiguientemente, lograr una asociación que no sea inflexible ni permanente, puede resultar atractiva para quien quiere desarrollar nuevos proyectos en Bolivia.

 

5Finalmente, ¿qué opina de la energía renovable y si la ve viable para nuestro país

 

Es una excelente pregunta. Resulta incuestionable que el futuro está en las energías “verdes” o renovables, sin embargo, a diferencia de muchos analistas, considero que el petróleo y el gas seguirán desempeñando un rol importante en la matriz energética mundial por varias décadas más.

 

No obstante lo anterior, Bolivia “debe” (y con esto quiero decir que no es opcional) generar a la brevedad, normativa que regule la energía eólica, solar, geotérmica, biocombustibles y nuevas tecnologías, como es el caso del hidrógeno. No debemos olvidar que la descarbonización del planeta es una cuestión de supervivencia de la raza humana. Consiguientemente, al margen de legislar adecuadamente estas formas de generación de energía, el Estado boliviano debería implementar programas de incentivo para la inversión en esta área. No hacerlo, sería negarnos a un futuro cercano, que, inevitablemente llegará.

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