El siempre escaso y muchas veces pendiente acceso al agua y a la electricidad en pleno s.XXI, refleja una preocupación permanente pero no siempre atendible. La CEPAL refiere en esta nota una lectura al respecto.
EDICIÓN 116 | 2023
ENERGÍABolivia
17millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 75 millones no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar, lo que exacerbó la pobreza y vulnerabilidad durante y después de la pandemia. Esta situación se puede ver agravada por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto de la guerra en Ucrania. Esta inseguridad energética impacta física, social y económicamente a millones de personas en toda la región, refiere la CEPAL en un documento denominado Recursos Naturales en América Latina y el Caribe, de septiembre de 2022.
Remarca que las dimensiones económica y social tienen directa relación con la carencia de acceso a los servicios energéticos o bien debido a problemas de asequibilidad; es decir, aquellas familias que no tienen acceso es porque no existe infraestructura para ello, o porque no pueden pagar por este servicio ya que tienen otras prioridades, tales como alimentación, salud y otras.
El gráfico 1 muestra la proporción de la población en América Latina y el Caribe sin acceso a electricidad por quintiles de ingreso. Se observa aquí como para todos los quintiles la población rural tiene menos acceso la electricidad. Los datos indican que las poblaciones indígenas y afrodescendientes se encuentran también entre las más vulnerables. En la región la proporción de la población indígena y afrodescendiente sin acceso a la electricidad, en promedio, duplica y, en algunos casos, triplica a la proporción respectiva de la población no indígena ni afrodescendiente.
En América Latina y el Caribe, en promedio, el 15% de la población que reside en viviendas precarias no tiene acceso a electricidad (Gráfico 2). Sin embargo, en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua esa participación es mayor: entre el 30 y 40% de aquellos que viven en condiciones precarias no tienen acceso. Todas estas personas viven en asentamientos informales en condiciones que no respetan sus derechos a una vivienda digna. La dimensión física al acceso a electricidad incluye no solamente la mala calidad de la vivienda, sino que también la estructura del entorno del hogar y los electrodomésticos ineficientes y en mal estado.
De acuerdo a CEPAL, una vivienda precaria se refiere a la privación de ciertos materiales. Además, se han considerado a los hogares en viviendas con materiales irrecuperables en al menos un aspecto: techo, paredes o piso. Ejemplo: Piso de tierra o paredes y/o techo de fibras naturales y/o desechos.
Como consecuencia de la aplicación de las medidas de confinamiento en América Latina y el Caribe se experimentó una importante pérdida de empleo, lo que limitó sus medios para poder pagar las cuentas del consumo eléctrico. Esta situación se puede exacerbar especialmente en países de la región con altas tarifas eléctricas y aumentos tarifarios durante la pandemia, así como por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto bélico actual.
Del mismo modo, es necesario considerar la dependencia energética del suministro de agua, que se ve igualmente afectado por el aumento de los precios de los combustibles. En la región, los costos energéticos de los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento pueden ascender, en promedio, a un 40% de todos los gastos que enfrentan en su operación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos factores para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de energía residencial y de agua de los ciudadanos de la región, especialmente si sus ingresos se han visto afectados negativamente a consecuencia del impacto del COVID-19.
LA DESIGUALDAD EN EL ACCESO A AGUA POTABLE INCREMENTÓ LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
En la región, 161 millones de personas (equivalente a 2,5 de cada 10 personas) no tienen acceso adecuado a agua potable (“gestionada de manera segura”). Aún más grave, 431 millones de personas (equivalente a 7 de cada 10) en la región no tienen acceso a saneamiento “gestionado de manera segura” La mayoría de estas personas, además, pertenecen a los quintiles más vulnerables. Las diferencias de acceso entre el quintil más vulnerable y el de mayores ingresos ascienden a más de 20% (Gráfico 3), siendo mucho más significativas en algunos países de la región.
Por otro lado, el gasto en agua potable de los hogares de toda la región América Latina y el Caribe representa en promedio el 0,8% de su gasto total. Sin embargo, si el análisis se hace por quintiles, los quintiles de menores ingresos pueden llegar a pagar hasta 2,5 veces más que los más pudientes. Esto se debe a la ausencia del acceso directo de muchos hogares al servicio de agua potable, por lo que deben comprar el agua (embotellada o a través de camiones cisterna). Por ejemplo, en Cochabamba, Bolivia,el agua por camión cisterna cuesta 4 veces más que el agua por tubería (Mitlin y otros, 2019); mientras que, en Perú, el agua por camión cisterna puede llegar a costar hasta 12 veces más que el agua por tubería (Banco Mundial, 2015). Adicionalmente, en muchos casos, la calidad del agua es inferior (ibid). Los hogares con ingresos más altos no solo gastan proporcionalmente menos (0,6% de su presupuesto) sino que consumen más en términos absolutos en comparación con los otros quintiles. En efecto, en América Latina y el Caribe, la mitad del consumo total se concentra en los dos quintiles más ricos.
A pesar de que pueda parecer un porcentaje pequeño del gasto de los hogares, el creciente desempleo y la reducción de los ingresos derivados de la pandemia y aumentados por la guerra en Ucrania, puede llevar a los hogares a una situación de incapacidad de afrontar pagos de los servicios básicos.
“En la región la proporción de la población indígena y afrodescendiente sin acceso a la electricidad, en promedio, duplica y, en algunos casos, triplica a la proporción respectiva de la población no indígena ni afrodescendiente.”
Para entender mejor el riesgo de ser impactado por la COVID-19 y su relación con el agua potable, se tiene que analizar, por un lado, la exposición y por otro la vulnerabilidad. El 80% de la población en América Latina y el Caribe se concentra en las ciudades, donde las interacciones sociales son más intensas y por tanto la exposición al contagio es mayor. Millones de personas en las ciudades de América Latina y el Caribe no solamente no tienen acceso al agua potable, sino que tampoco tienen acceso a instalaciones de higiene para lavarse las manos: más de 9 millones de personas en Colombia, casi 5 millones en Bolivia y 2 millones en México (Gráfico 4). En cambio, la vulnerabilidad es en general mayor en las áreas rurales, dada la debilidad de las infraestructuras, no solamente de agua potable y saneamiento sino también las de salud.
PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA: IMPULSO INVERSOR EN AGUA Y ENERGÍA ES POSIBLE Y RENTABLE
Invertir anualmente 2,6% del PIB regional durante los próximos 10 años permite universalizar el acceso a los servicios básicos de agua potable, saneamiento y electricidad, sin dejar a nadie atrás. Adicionalmente, reduce los contagios por la COVID-19 (y otras enfermedades), a la vez que impulsa la reactivación postpandemia y de la crisis geopolítica que ha empujado inflación y estancamiento en la región, generando hasta 4,1 millones de empleos verdes directos al año. Adicionalmente, reduce la contaminación e incentiva la transición hacia un mayor uso de energías renovables (Cuadro 1).
En los sectores de agua potable y electricidad, que son servicios esenciales para las sociedades, es fundamental fortalecer a la institucionalidad y entes planificadores y reguladores que puedan asegurar el acceso universal a estos servicios con calidad para todos los ciudadanos y en todo momento. Esto cobra particular importancia en situaciones de emergencia, como lo fue el caso de la pandemia, o en procesos complejos de geopolítica global como la guerra en Ucrania, considerando además la ocurrencia y el impacto de desastres como terremotos, inundaciones u otros fenómenos extremos que afectan con más fuerza a los sectores más vulnerables y a los asentamientos precarios.
Es importante evitar la improvisación y urge la implementación de mecanismos de prevención y gestión de riesgo, así como de gestión de emergencias, incluyendo estrategias e instrumentos de gestión de riesgos, educación e información ciudadana, aumento de la resiliencia y capacidad de adaptación, por ejemplo, a través de fondos de reservas, adquisición de seguros o bien una mayor capacidad para proteger a la ciudadanía frente a estas crisis. Se requiere pues desarrollar intervenciones de política que aseguren el acceso, la asequibilidad y la calidad de los servicios de agua potable y electricidad en el corto y largo plazo.
Tales políticas deben poner especial énfasis en las poblaciones vulnerables, minimizar la desigualdad social y utilizar fuentes de energía renovable y tecnologías menos contaminantes.
En este sentido, el contexto de la recuperación post pandemia y en medio de la crisis de precios de hidrocarburos y alimentos, es una oportunidad para revisar los planes de operación e inversión en estos dos sectores de servicios básicos, puesto que representan importantes oportunidades para la reactivación económica de la región.
