La CEPAL recomienda que los subsidios a la energía deben emplearse para evitar el impacto inflacionario en el ingreso y el bienestar de este sector y un mayor deterioro del consumo privado.
EDICIÓN 111 | 2022
ENERGÍABolivia
Este organismo, dependiente de Naciones Unidas, considera que el actual momento de crisis global, agudizada por la guerra en Rusia y Ucrania,
la política fiscal debe seguir siendo un elemento central en la política de desarrollo.
En esta línea remarca que los subsidios a la energía y los alimentos, y las transferencias a los sectores más vulnerables de la población deben emplearse para evitar el impacto inflacionario en el ingreso y el bienestar de estos sectores y un mayor deterioro del consumo privado.
Señala que el impulso fiscal mediante gasto público empezó a ralentizarse en 2021, con una reducción de las erogaciones por subsidios y transferencias corrientes. “En gran medida, la reducción del gasto público como porcentaje del PIB se debió al término de programas de transferencias monetarias que no fueron extendidos”, destaca.
Agrega que no obstante, el gasto público sigue por encima de los niveles previos a la pandemia (un 23,4% del PIB en 2021, frente a un 21,4% en 2019).
INGRESOS TRIBUTARIOS
Según este análisis, los ingresos tributarios aumentaron con fuerza en 2021, impulsando los ingresos totales y contribuyendo a la reducción de los déficits fiscales. Indica que la recaudación de los principales impuestos (el impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta) repuntó como resultado de la reactivación de la actividad económica, el alza de las importaciones, los precios favorables de los recursos naturales no renovables y un efecto de base de comparación, producido por la aplicación de medidas de alivio tributario en 2020.
Hace notar que en 2021, los ingresos totales representaron el 19,2% del PIB, mientras que en 2019 alcanzaron al 18,4% del PIB.
“…se deberá considerar la tributación de la economía digital, impuestos ambientales y relacionados con problemas de salud pública”
“En 2021, el crecimiento del PIB nominal se tradujo en una reducción del nivel de la deuda pública bruta como porcentaje del PIB. El elevado crecimiento del PIB nominal compensó con creces el aumento de la deuda pública en términos absolutos y los posibles efectos de depreciación de la moneda o aumentos de las tasas de interés. En 2021, la deuda pública bruta de los gobiernos centrales representó el 53,7% del PIB, en tanto que en 2019 alcanzó el 45,3% y en 2020 se ubicó en un 56,5%. Aunque el nivel alcanzado en 2021 representa una mejora en comparación con el de 2020, la deuda pública bruta sigue siendo alta en términos históricos”, agregando que el nivel de endeudamiento de los gobiernos centrales en 2021 superó en 24,3 puntos porcentuales del PIB el nivel registrado en 2008, que fue del 29,4% del PIB.
CONTEXTO COMPLEJIZADO
Indica que para 2022, el contexto macroeconómico se ha complejizado, planteando retos al manejo de la política fiscal que se manifestarán de forma diferente en los distintos países, como reflejo de la heterogeneidad de sus situaciones fiscales. Destacan los problemas de los países con elevados niveles de deuda, importadores netos de energía y alimentos, y con estructuras productivas altamente expuestas a condiciones internacionales como el turismo.
La CEPAL asegura que la mayor desaceleración del crecimiento del PIB esperada para 2022 debilitaría la recaudación tributaria, acotando el espacio para mantener políticas fiscales activas. Agrega que la ralentización del consumo privado y la inversión representaría un lastre para los ingresos tributarios. No obstante, el alza de los precios de la energía y otras materias primas podría impulsar los ingresos públicos en los países exportadores netos de estos productos.
“El riesgo de deterioro de las condiciones financieras y de menores flujos de capital hacia los mercados emergentes elevaría el costo del financiamiento. El posible aumento de las tasas de interés y del riesgo soberano, sumado al riesgo de depreciación de la moneda, redundaría en mayores costos en el servicio de la deuda. Estos factores podrían ser acentuados por una política monetaria restrictiva en los países desarrollados, lo que es esperable dado el contexto inflacionario. Al mismo tiempo, los riesgos de rebajas en las calificaciones crediticias podrían aumentar las presiones para efectuar ajustes fiscales”, dice.
En esta línea prevé que la aceleración de la inflación impondría presiones adicionales al gasto público y que el alza de los precios internacionales de la energía y los alimentos agudizaría el impacto negativo de la desaceleración económica sobre el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más vulnerables.
“Esto implicaría presiones en el sentido de aumentar los subsidios dirigidos a mitigar los efectos de la inflación. Al mismo tiempo, los mayores precios de insumos agrícolas empujarían en favor de la adopción de medidas de apoyo al sector agroindustrial. De igual manera, los mayores precios de los productos energéticos presionarán en el sentido de subsidiar estos productos”, precisa.
Acota que si bien el contexto macrofiscal de la región se ha complicado como consecuencia de la incertidumbre global y una política monetaria más restrictiva, la política fiscal debe seguir siendo un elemento central en la política de desarrollo. “La región requiere de una política fiscal que dinamice el crecimiento económico y la inversión, impulse la sostenibilidad ambiental y reduzca los rezagos sociales y las brechas estructurales, en un marco de sostenibilidad fiscal basada en el fortalecimiento de los ingresos públicos”, remarca.
VISION ESTRATEGICA
Para la CEPAL resulta indispensable adoptar una visión estratégica del gasto público para convertirlo en un instrumento de desarrollo, favoreciendo acciones con alto rendimiento económico y social. Indica que para ello se debe impulsar la inversión pública a fin de fomentar inversiones en sectores estratégicos sostenibles con alto potencial de transformar la estructura productiva y generar empleo de calidad con igualdad de género.
Al mismo tiempo, señala que es fundamental fortalecer los sistemas de protección social, salud y educación para cerrar las brechas estructurales de desarrollo (en materia de desigualdad, pobreza e informalidad, entre otras), que conllevan costos sociales y económicos considerables.
“Ante la necesidad de ampliar el espacio fiscal para proveer financiamiento que responda a las mayores demandas de gasto y dar sostenibilidad a la política fiscal se requiere de estrategias dirigidas a fortalecer los ingresos públicos. A corto plazo, se deben implementar acciones para reducir la evasión tributaria, que en América Latina representó un 6,1% del PIB en 2018, equivalente a 325.000 millones de dólares, así como revisar los gastos tributarios, que implican ingresos no percibidos equivalentes al 3,7% del PIB”, anota.
Asegura que hacia el mediano plazo, se requerirá de pactos fiscales y sociales para fortalecer la recaudación de los impuestos sobre la renta y la propiedad a fin de dar mayor progresividad al sistema tributario. Asimismo, afirma que se deberá considerar la tributación de la economía digital, impuestos ambientales y relacionados con problemas de salud pública, además de revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables.
Cierra el análisis indicando que en todos estos esfuerzos, la agenda de las instituciones financieras internacionales debe incluir medidas más firmes en favor del financiamiento para el desarrollo.
…revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables”
