La transición energética no es simple. Requiere, además de recursos naturales y económicos, políticas gubernamentales que faciliten el tránsito hacia una descarbonización de la economía…
EDICIÓN 100 | 2021
ENERGÍABolivia
Un estudio de ENERGÉTICA dice que, además de la existencia de recursos naturales para la generación limpia de energía, deben existir una serie de factores socioeconómicos como políticas gubernamentales que muchas veces obligan o limitan el tránsito hacia una economía descarbonizada.
En esta línea señala que en Bolivia uno de estos factores es la relación profunda de los combustibles fósiles con la economía nacional en general y con la economía de los hogares en particular, remarcando que la subvención a los carburantes como el diésel y el gas, traban la transición hacia fuentes alternativas de generación.
“Si bien la producción de hidrocarburos no representa más del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), el hecho de que el gas natural y los derivados de hidrocarburos utilizados en el proceso productivo mantengan un precio por debajo de los precios internacionales, o directamente estén subsidiados como es el caso del diésel importado, beneficia directamente a la producción agrícola, la producción industrial, la minería, y las actividades comerciales y de servicios en general”, dice y agrega que, de hecho, este tipo de subvenciones e incentivos son los que se constituyen en una traba para, por ejemplo, vía precios, fomentar el uso de energías renovables en Bolivia.
LOS SUBSIDIOS Y SUS BENEFICIARIOS
Ligado a lo anterior, está el hecho de que los subsidios, aunque benefician en mayor medida a quienes mantienen un consumo ineficiente, a quienes tienen un elevado consumo de combustibles y a los sectores empresariales, también beneficia, aunque en menor medida, a los hogares más pobres del país en cuyo presupuesto familiar el gasto en energéticos y en servicios con alta intensidad energética es proporcionalmente mayor al de las familias con mejores ingresos (ver Tabla 1).
En primer lugar, dice, el beneficio directo está en que les permite acceder a electricidad y transporte público a precios bajos, aun así, representa el 3,7% de sus ingresos familiares, casi el doble de lo que representa para los hogares del quintil más alto. Acota que en segundo lugar, los beneficios indirectos están en que mantiene los precios de otros bienes y servicios relativamente bajos. Sin embargo, explica que aun así, el gasto en servicios de alta intensidad energética, como transportes y comunicaciones significan el 10,3% del presupuesto de las familias más pobres.
Si tenemos en cuenta que la estructura de gastos de los quintiles más pobres es más rígida, es decir, más difícil de ser modificada, puede comprenderse que cualquier subida en los precios de los energéticos y el efecto multiplicador que tiene en los precios de bienes y servicios en general, será resistida con tesón. No obstante, en los hechos, sin importar si están más o menos beneficiados, todos los sectores que reciben algún beneficio del subsidio de combustibles presionan para mantener los precios de los energéticos fósiles muy bajos, tanto que es casi imposible, en este momento en Bolivia, introducir fuentes de energía renovable que puedan competir con dichos precios.
UN SUBSIDIO PARA LOS POBRES
“Una vía de salida en términos económicos podría ser eliminar todos los subsidios y subvenciones a los combustibles fósiles, pero, estatuyendo un subsidio directo a la población de ingresos más escasos, de tal manera que los pobladores de estos sectores puedan afrontar la subida de precios de los combustibles y su efecto multiplicador en buenas condiciones. Todo esto sin debilitar ni menoscabar los ingresos del Estado por este concepto, pero eso sí, cambiando las prioridades de gasto del Estado en todos sus niveles”, señala.
UN TGN DEPENDIENTE
Sostiene que una segunda determinante que traba la transición energética en Bolivia es que, el Presupuesto General del Estado (PGE) los últimos 10 años ha recibido en promedio cerca al 40% de sus ingresos por Regalías, Participaciones y Patentes a los Hidrocarburos, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y por ingresos operativos de la estatal YPFB (ver Tabla 1). A esto debe sumarse que el consumo de los derivados de petróleo está gravado con el Impuesto Especial a los Derivados de Hidrocarburos (IEHD), lo que significa también un ingreso relevante para el Estado. Cabe aclarar que no solo el Estado central utiliza estos ingresos, sino que los mismos son repartidos entre las gobernaciones, municipios, universidades, fondo indígena, etc.
“…puede proponerse que en vista de que los precios internacionales de los hidrocarburos son mayores, es preferible exportarlos que quemarlos en Bolivia”
También remarca que, en este contexto, una posible transición energética, además de los aspectos técnicos debe bosquejar el cómo enfrentará y respaldará las perturbaciones fiscales que se presenten a raíz del menor uso de los combustibles fósiles. “En este camino no es una opción gravar con impuestos a los energéticos de transición, pues encarecería su costo y podría convertirse en otra traba para su utilización”, anota.
“En principio, puede proponerse que en vista de que los precios internacionales de los hidrocarburos son mayores, es preferible exportarlos que quemarlos en Bolivia. Sin embargo, también será necesario buscar alternativas para sustituir el IEHD que grava el consumo interno de combustibles”, remarca.
EFECTO MARGINAL
Hace notar que si a largo plazo el objetivo es prescindir por completo de los hidrocarburos, debe tomarse en cuenta que los ingresos operativos de YPFB tienen un efecto marginal en el presupuesto público, pues casi la totalidad de dichos ingresos son gastados en las mismas operaciones de YPFB.
“Por ello el desafío fiscal se circunscribiría a sustituir solo los ingresos por regalías y patentes del IDH y del IEDH. Si se intentara cubrir este desafío desde el mismo sector energético, con exportaciones de electricidad a un precio internacional promedio de 100 $us/MWh, sería necesario exportar al menos 18 mil GWh por año, para tal efecto se necesitaría una capacidad de generación equivalente al actual Proyecto Hidroeléctrico El Bala – Chepete o 10 equivalentes al Proyecto Hidroeléctrico Rositas”, dice remarcando la magnitud de proyectos en los que habría que involucrarse para satisfacer la demanda energética por la vía de las renovables.
“…los ingresos operativos de YPFB tienen un efecto marginal en el presupuesto público…”
