Para ello recomienda ajustes tanto en términos fiscales como energéticos, para que el sector pueda tener un desarrollo de largo plazo.
EDICIÓN 135 | 2024
Vesna Marinkovic U.
1Dado que el sector extractivo se caracteriza por la administración de montos significativos de dinero en proyectos a mediano y largo plazo ¿es necesario que tengan una política pública de transparencia y acceso a la información, independientemente de si son empresas públicas o privadas?
En el mundo actual la transparencia y acceso a información son algo básico, mientras varios países, industrias y empresas han avanzado hacia acuerdos de Datos Abiertos (Open Data), presentando y publicando datos en formatos abiertos como Excel y otros, en Bolivia aún tenemos que luchar y exigir información y datos a las autoridades de turno.
En el mismo sector extractivo, a nivel mundial, existen acuerdos como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI) al cual están adscritos varios países y empresas, tanto mineras como petroleras públicas y privadas, alrededor del mundo, que facilitan información accesible para todos los actores involucrados (Estado, empresas, comunidades indígenas, academia, prensa, sociedad civil y otros) y permiten un debate público informado y cualificado sobre proyectos y políticas públicas en el sector energético y minero.
2Esta política estaría obligada, por ejemplo, a transparentar los recursos naturales con que cuenta el país y ofrecer certidumbres para su gestión?
El acceso a información es fundamental, en el caso de los sectores de hidrocarburos y electricidad para la planificación energética nacional. Por ejemplo, la certificación de reservas hidrocarburíferas es un dato central para discutir cuánto se puede seguir exportando o cuánto se va a requerir importar dados los niveles actuales de consumo y producción de gas natural. Asimismo, este dato permite a los distintos actores desarrollar estrategias energéticas, ya sea un cambio de la maquinaria en procesos productivos, o en el desarrollo de tecnologías de autogeneración con fotovoltaica o biomasa, por ejemplo. El dato sobre la certificación de reservas probadas, probables y posibles, también es relevante para la suscripción de contratos de comercialización, tanto con el mercado externo como con el interno, ello permite definir la posibilidad de contratos bajo la figura interrumpible o en firme, así como el plazo de los mismos; lo cual tendrá importantes implicancias en los flujos de renta petrolera para gobernaciones, municipios y universidades.
3En su criterio, ¿cuáles las áreas donde se debería implementar este tipo de políticas que, en realidad, son instrumentos de planificación?
La transparencia y acceso a información deberían responder a una política de Estado transversal a todos los sectores, estableciendo la información que es pública, los plazos, responsables y medios para su publicación, así como un régimen sancionatorio en caso de incumplimientos.
“Un desafío importante para el corto y mediano plazo es, sin duda, asegurar el suministro energético en el mercado interno, esto pasa por eliminar la política de subvención a los hidrocarburos…”
Por otra parte, el mundo y el país, se enfrentan al enorme desafío de avanzar hacia una transición energética, lo cual implica la necesidad de un debate informado con los diferentes actores involucrados, desde las empresas públicas y privadas hasta los consumidores de energía (hidrocarburos y electricidad), pero también con los beneficiarios de la renta petrolera y las comunidades indígenas vecinas a proyectos energéticos.
4Por el momento el sector hidrocarburífero soporta una crisis significativa debido, principalmente, a una reducción de las reservas de gas, aunque al parecer no de recursos de gas natural, ¿cuál su criterio al respecto?
El sector hidrocarburos es de largo plazo, hoy vemos que la producción de gas natural ha caído en -47% si comparamos los promedios anuales del 2024 con los del 2015 en el caso del gas natural, y de -54% en hidrocarburos líquidos. Esta caída no es reciente, sino que data del año 2015, lo que ha llevado al país a reducir los volúmenes exportados desde esa gestión; a perder un mercado, en el caso de Argentina y, en el del Brasil, a reducir participación de mercado.
Por otra parte, está el régimen fiscal muy favorable para el Estado y poco atractivo para las empresas que es resultado de una política hidrocarburífera rentista desarrollada desde inicios del Siglo 21. Actualmente, el Estado se queda con cerca del 72% de los ingresos obtenidos por la explotación de hidrocarburos y el 92% de la renta petrolera, lo cual no atrae inversión extranjera e incluso pone en duda la rentabilidad de la propia empresa petrolera estatal en proyectos exploratorios.
Sin duda que Bolivia cuenta aún con una importante potencialidad hidrocarburífera que debe y puede ser desarrollada, para ello se requiere no solamente inversión en exploración, sino rediseñar toda la política sectorial y enmarcarla, además, dentro de una nueva política energética de largo plazo y coherente con los desafíos que enfrenta el planeta, la región y el país.
5Tenemos gas, pero, ¿se ha carecido de una política sectorial que garantice las reservas necesarias para continuar siendo un país exportador de gas?
Es importante subrayar que el problema del sector hidrocarburos en Bolivia es la política sectorial plasmada en la Ley de Hidrocarburos Nº3058, Decreto Supremo Nº28701 y Constitución Política del Estado, que le ha dado una característica de rentista, estatista y centrada en el gas natural. Sin duda que Bolivia cuenta con importantes recursos hidrocarburíferos que deben ser descubiertos, pero para ello se requiere una nueva política hidrocarburífera orientada a promover la inversión privada en el sector, gestión de mercados, vigencia de precios de mercado, institucionalidad con roles claros y coherente con una transición energética y fiscal a largo plazo.
6Argentina ha dejado de ser un mercado cautivo de gas para Bolivia, ¿cómo observa la relación del país con Brasil en las actuales circunstancias?
Una debilidad que fue advertida desde el año 2015, tanto por Fundación Jubileo como por varios analistas, radicaba en que el país contaba solo con Brasil y Argentina como mercados de exportación para el gas natural, lo que debilitaba la posición negociadora del país y por ello era importante conseguir un tercer mercado. Lamentablemente, la sugerencia tampoco fue escuchada por las autoridades de turno, el contrato de exportación con Brasil entró en etapa de cierre, desde el año 2020, primero con el make up y luego make good, pero en un contexto en el que el país se enfrentaba a una caída irreversible en la producción y en la actividad exploratoria que hacían muy difícil negociar un nuevo mercado para el gas.
En la actualidad la pérdida del mercado argentino para el gas natural boliviano coloca al país en una posición muy delicada ya que se queda con un solo comprador que es Brasil, esto supone un cambio en al menos 5 aspectos en relación al contrato de 1996: comprador, volumen, modalidad de contrato, plazo y precio; siendo que, los últimos 3 tendrán importantes implicancias sobre los ingresos de divisas para el país, así como en términos de ingresos fiscales que reciben el gobierno nacional, gobiernos departamentales, municipios, universidades públicas y demás beneficiarios de la renta petrolera.
7En estas condiciones, ¿cuáles las perspectivas de Bolivia en materia de hidrocarburos y su incidencia en la economía nacional?
Un desafío importante para el corto y mediano plazo es, sin duda, asegurar el suministro energético en el mercado interno, esto pasa por eliminar la política de subvención a los hidrocarburos mediante la derogación del Decreto Supremo Nº27691 de agosto de 2004 que fijó el precio del barril de petróleo en 27,11 $us para el mercado interno, esto permitirá atraer nuevamente inversión en exploración petrolera nuevamente en el país y, además, modificar los precios de comercialización de combustibles en el país. En este punto en particular, se deberá establecer en una nueva ley de hidrocarburos un plazo razonable para la explotación de petróleo en el marco de una transición que debe ser considerada en una nueva política energética y en la que el gas natural pueda ser considerado como un combustible de transición estableciendo también plazos claros.
Por otra parte, pensando en el largo plazo, es urgente el diseño de una nueva política hidrocarburífera que considere la institucionalización y los roles de los diferentes actores involucrados en el sector: YPFB, Agencia de Hidrocarburos, Ministerio de Hidrocarburos, Empresas Petroleras y Empresas de Servicios; asimismo una política clara de transparencia y acceso a información, condiciones previas como la consulta previa, mecanismos de selección de empresas para la firma de contratos de exploración y explotación, contenido de dichos contratos, gestión de mercados, renta petrolera y uso de los ingresos obtenidos por la explotación de hidrocarburos.
Sin duda, un aspecto central de la nueva ley será el régimen fiscal, en una perspectiva de atraer inversión en exploración, se deberá buscar un nuevo equilibrio entre Estado y empresas que haga atractivo y rentable al sector hidrocarburos, pero evitando generar una nueva dependencia económica y fiscal al mismo. Un desafío sectorial y nacional será bajar el peso que se le ha otorgado al sector hidrocarburos tanto en términos fiscales como energéticos, para que pueda tener un desarrollo de largo plazo.
…es urgente el diseño de una nueva política hidrocarburífera que considere la institucionalización y los roles de los diferentes actores involucrados en el sector…”
