Como en una especie de drama tercermundista; las gestiones no han sido concluidas, en algunos casos ni siquiera han comenzado, como la posibilidad de remediar la grave contaminación minera en el país y la diversificación económica de las comunidades vinculadas a la extracción de minerales. ¿Qué es lo que más falla?
EDICIÓN 125 | 2023
ENERGÍABolivia
La CEPAL sostiene que para ana lizar la relación entre minería y desarrollo sostenible es importante tomar en cuenta los impactos ambientales que producen las operaciones mineras en los territorios locales. Pero, también aclara que es central observar las previsiones que supone la inevitable finitud de las actividades mineras por el agotamiento de los recursos no renovables que explota.
En este caso, hace referencia a la probabilidad del cierre de las minas, la gestión de los residuos ambientales perennes, más allá del término de su funcionamiento, pero también hace mención al reemplazo de sus actividades económicas en el entorno, una vez concluidas las actividades mineras, asegurando que estos son importantes fuentes de análisis sobre la relación entre desarrollo en Bolivia y minería.
“De los casos que tomamos, la Empresa Minera San Cristóbal es la que más realiza tareas de gestión ambiental de sus residuos mineros y de su gestión en el tiempo. La empresa remarca su orgullo por haber obtenido varias certificaciones de alcance global. De hecho, una de estas certificaciones internacionales con las que opera está directamente relacionada con el tema ambiental: ISO 14001 For Environmental Management”, remarca la CEPAL en el documento Efectos de la minería en el desarrollo económico, social y ambiental.
Destaca que, por ejemplo, aún en temas tensos como la gestión del agua, la minera ha tratado de garantizar el acceso de todas las comunidades, a través de la perforación de pozos y en garantía de que el agua que consume la población no está en contacto con residuos de la actividad minera. Pero, al mismo tiempo, el caso del agua muestra cómo la empresa ha tomado bajo su responsabilidad tareas del Municipio de Colcha K, que debió invertir las regalías mineras para abordar las preocupaciones de gestión del agua.
Según la CEPAL, “esta situación quizá muestra cierto paternalismo presente en las relaciones entre la comunidad y la Minera San Cristóbal, para atenuar los potenciales conflictos”, agregando que a esto se debe sumar que la mayor parte de las vías en la zona, incluso la única vía férrea concluida en el siglo XXI en el país, han sido construidas directamente por Minera San Cristóbal.
DESAFÍOS ANTE EL CIERRE
Para esta investigación, lo explicado pone en evidencia que en el mediano plazo el cierre de la mina va suponer importantes desafíos para las comunidades locales y para sus instituciones, destacando que, idealmente, “aquellos municipios que hubiesen desarrollado capacidades institucionales y productivas locales a partir de la minería, o en forma paralela a la misma, tendrán mayor probabilidad de generar procesos de desarrollo sustentable”.
Bajo ese enfoque, asegura que Minera San Cristóbal ejecuta programas de análisis sobre la resiliencia local y ejecuta acciones que intentan diversificar las actividades económicas de las comunidades, a fin de prever que su cierre no signifique el decrecimiento violento de las condiciones de desarrollo alcanzadas hasta la actualidad.
Sin embargo, hace notar que, si se toma en cuenta la importancia de las regalías mineras que se dejaría de percibir en la Gobernación Departamental de Potosí y en el Municipio de Colcha K con la finalización de las operaciones, el problema parece ser más complejo.
RESIDUOS MINEROS E INVERSIÓN ESTATAL
Más adelante sostiene que de acuerdo a la dimensión y a los tipos de residuos mineros que restan luego del cierre de una operación de gran magnitud, es posible proyectar sistemas de explotación diferentes, de menor escala y sobre otros materiales, pero capaces de mantener cierta actividad económica local.
“…el documento de la CEPAL señala que la gestión minera, bajo el paraguas del Estado Plurinacional de Bolivia, se traduce en una articulación compleja de actores y procedimientos…”
“Precisamente la minería andina, desde su tradición, ofrece muchas experiencias de este tipo. Por ejemplo, los cálculos mineralógicos presentados en la pá- gina web oficial de COMIBOL sobre los yacimientos explotados por la Empresa Minera Huanuni calculan una vida útil de poco más de 17 de años para la mina”, destaca y agrega que los trabajadores reconocen ese paulatino agotamiento del yacimiento y que, en ese sentido, reclaman la falta de inversión estatal, pues sin ella sólo se podría explotar las reservas accesibles, que se agotarían en poco más de la mitad del tiempo señalado.
Sin embargo, asegura que la ciudad de Huanuni, dados su tamaño y población, cuenta con una economía más diversificada que permite suponer mejores capacidades para enfrentar el cierre minero o, finalmente, de sobrellevarlo por su intensa relación con otros esfuerzos de explotación, cooperativistas y estatales, capaces captar la mano de obra desempleada en la región.
“Sin embargo, también es importante subrayar que existen varios precedentes sobre las dificultades de aplicar acciones preventivas y de control desde las entidades estatales mineras”, remarca la investigación de la CEPAL.
CONTAMINACIÓN
Afirma que un precedente al respecto es la construcción del dique de colas Willa Khollu, proyectado a partir de la emergencia que se estableció por Decreto Supremo 335 de 2009 ante la contaminación, provocada en gran medida por la actividad minera de Huanuni, cuya “afectación ambiental en la Sub-Cuenca Huanuni del Departamento de Oruro [genera] efectos negativos en la salud de la población local y un grave impacto a los recursos hídricos y ecosistemas, […] principalmente de los municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó”
Señala que el proyecto recién comenzó a ejecutarse en 2016 y hasta la actualidad, a más de 10 años de esa declaratoria de emergencia, no está en funcionamiento. Así, afirma que pese a la intención de COMIBOL de aplicar una estrategia ambiental, conducida por su Dirección dedicada al área, los indicios de su efectividad son pocos.
Asegura que como confirma un estudio reciente en la zona, los “pueblos más afectados en cuanto a la calidad de aguas de uso potable son los que obtienen agua de acuíferos de profundidad y no los que se encuentran próximos a actividades mineras. […Mientras que, el] agua de Toledo y Challacollo utilizada para el riego no es apta y los ríos de Machacamarca y Sora Sora están también contaminados”, anota.
…su enfoque técnico formal reduce la evaluación del desempeño ambiental únicamente en función del cumplimiento […] de las formalidades legales.”
Sostiene que, igualmente, existen varias denuncias sobre la forma en que líquidos ácidos, metales pesados y otros pasivos ambientales han contaminado históricamente el río San Miguel, así como la cuenca del Pilcomayo y del Desaguadero, entre otros, cuyos causes atraviesan el altiplano boliviano.
“Se trata de una afectación en zonas rurales, caracterizadas por la presencia de pueblos indígenas y de comunidades agrícolas que padecen directamente los efectos nocivos de la minería”, refiere el documento.
En ese contexto de contaminación, acumulada en décadas e incluso siglos de historia minera, indica que los conflictos no se dan necesariamente por el impacto ambiental como tal, sino por su incidencia en las “condiciones y la calidad de vida de la población.”
EL MERCURIO CAMPEA SIN SOMBRAS
Para la CEPAL eso se observa, igualmente, en el caso de la explotación del cooperativismo aurífero. Afirma que uno de los contaminantes que más incide en la región amazónica es el mercurio, utilizado con mayor intensidad y menor control en las explotaciones poco tecnificadas.
Asegura que particularmente cuando estas son aluviales, desechan residuos en los ríos que son absorbidos por la masa biótica fluvial y luego afectan a las poblaciones ribereñas consumidoras de pescado. Al mismo tiempo, destaca que las explotaciones auríferas producen el deslizamiento de las orillas de los ríos afectando áreas de cultivo o, en el caso del dragado de los lechos fluviales, generando una incidencia directa sobre la fauna y la flora del río.
SOLO PARA PALIAR…
El mencionado documento sostiene que, para paliar ese tipo de impactos, algunas iniciativas buscan promover una minería de baja escala, pero responsable, a través de certificaciones internacionales, que fomenten su desarrollo transparente y velen por el cumplimiento de convenios internacionales de control de la contaminación minera (como el de Minamata sobre mercurio).
“Así, Cumbre del Sajama S.A. (2017) ha logrado que tres cooperativas mineras auríferas alcancen una certificación semejante, aunque su sostenibilidad no ha sido evidente. Esta dificultad de mantener estándares ambientales aceptables se justifica tanto por la presión de los mercados asociados al oro, como por sus consecuencias no sólo en las cooperativas mineras sino en las comunidades aledañas”, precisa.
Hace notar que, aunque ellas son víctimas de la contaminación minera y de la falta de control sobre sus impactos ambientales, los conflictos que se generan muchas veces mezclan las demandas de mitigación con otras de explotación del mismo yacimiento.
Agrega, más adelante que muchas descripciones de la actividad minera cooperativista exponen su capacidad de moverse entre diferentes vetas y de renovar sus zonas de explotación. Dice que eso justificaría, en parte, cierta falta de compromiso con los territorios que los alojan: “una vez culminado el ciclo de extracción de una mina en una comunidad [los cooperativistas] decidirán migrar a otros lugares para buscar nuevos espacios de extracción de vetas de oro”.
Así, remarca que la idea del agotamiento del recurso explotable parece una obviedad que no implica mayor coordinación, menos una planificación de impactos, con las comunidades locales. Acota que algo similar, en términos de informalidad y de poco control gubernamental, ha sucedido respecto a la búsqueda de nuevos yacimientos para su explotación.
Sin embargo, indica que la firma de contratos mineros es donde el Estado, a través del ministerio de Minería y Metalurgia ha tratado de incidir de forma más clara, como muestra el diagrama 2.
Dice que, desde el nuevo régimen minero de 2014, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) “además de tener la atribución de otorgar Contratos Administrativos Mineros, asume otras específicas para el control y fiscalización de la actividad”, precisando que el trabajo de esta entidad debería coordinarse con la información de prospección y exploración desarrollada a la cabeza del Servicio Geológico y Minería (SERGEOMIN).
“Esta entidad, en coordinación con las gobernaciones, debería favorecer trabajos prospectivos. Sin embargo, actualmente estas labores logran concretarse de forma limitada, dadas la demora en firma de convenios con gobernaciones, demora en desembolsos, falta de recursos humanos, o burocracia de procedimientos [,] que inciden negativamente en la ejecución presupuestaria, las tareas de coordinación y el cumplimiento de las actividades planificadas”, subraya.
Los operadores mineros, a partir de la información sobre las cuadrículas explotables facilitada por el SERGEOMIN, deben desarrollar un Plan de Trabajo e Inversión para presentar a la AJAM. Este documento obliga al actor minero a diseñar la implementación, gestión y cierre de su actividad y supone, entre otros requisitos, la solicitud de una Licencia Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Una crítica a este último procedimiento señala que su enfoque técnico formal reduce la evaluación del “desempeño ambiental únicamente en función del cumplimiento […] de las formalidades legales.”
En resumen, el documento de la CEPAL señala que la gestión minera, bajo el paraguas del Estado Plurinacional de Bolivia, se traduce en una articulación compleja de actores y procedimientos que, de acuerdo a la AJAM, puede tomar entre uno y dos años hasta llegar a la aprobación en la Asamblea Legislativa y concretar la firma de la minuta que otorga el derecho de explotación.
En este mismo orden, observa que las cargas burocráticas generadas por el mismo Estado parecen poco eficaces ante el universo heterogéneo de actores mineros que se ha mostrado y sus diferentes formas de impacto en las sociedades y su medioambiente.
