El crecimiento industrial, el extractivismo minero, el fracking o la intensificación del uso del suelo, han comenzado a crear su propio sello en diversas regiones del planeta, ricas en recursos naturales. Este nuevo sello recibe el nombre de Zonas de Sacrificio Ambiental…
EDICIÓN 128 | 2024
ENERGÍABolivia
Las Zonas de Sacrificio Ambiental (ZSA) son un signo de los siglos 20 y 21 y comienzan a aparecer en diversas regiones del planeta como resultado del crecimiento industrial, el extractivismo minero o la intensificación del uso del suelo, refiere el documento El estado socioambiental de Bolivia 2023, elaborado por la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) y el Observatorio del Acuerdo de Escazú-Bolivia.
El documento señala que en Bolivia se identifican al momento nueve Zonas de Sacrificio Ambiental, algunas con una data secular de contaminación acumulada y una extraordinaria carga de contaminación minera acumulada, que es el caso de la cuenca del río Pilcomayo y la cuenca lacustre del lago Poopó.
“Otra ZSA es la cuenca de los ríos Mapiri-Kaka, arrasada por la exploración del oro, al igual que la Laguna Suches y su entorno de bofedales en el área protegida Apolobamba; también las Bahias de Cohana en el Lago Titicaca poluídas por la inmensa contaminación doméstica e industrial de la zona metropolitana de El Alto”, destaca.
Agrega que otra ZSA, se encuentra en las tierras bajas, la extensa región agroindustrial al este y norte de Santa Cruz, donde se devastó a tala rasa el bosque Guarayo chiquitano para monocutivos de soya, con uso de enormes volúmenes de agrotóxicos.
RIESGOS PARA LOS AÑOS VENIDEROS
“Desafortunadamente, existe un alto riesgo de que en los siguientes años aparezcan en el país varias nuevas ZSA o se expandan la ya existentes, especialmente por el impacto de la minería del oro, el fracking, el cultivo a gran escala de palma africana o la construcción de megarepresas hidroeléctricas”, sostiene.
Agrega que las ZSA se caracterizan por la devastación a gran escala de ecosistemas y biodiversidad con daños ecológicos irreversibles; pérdida total de funciones y servicios ecosistémicos, y de medios de vida de poblaciones locales, lo cual implica perdida de seguridad alimentaria. En general, indica, que a este panorama se suman graves efectos a la salud y prevalencia de afecciones crónicas, dando como resultado a zonas expulsoras de poblaciones locales indígenas y campesinas, o a poblaciones que viven en pésimas condiciones y elevada precariedad alimentaria y de salubridad.
En este marco refiere que los ecosistemas pierden la capacidad de resiliencia y su potencialidad de restauración. “Son en general zonas abandonadas por el Estado, con ausencia de acciones de control, fiscalización, remediación y mitigación de los impactos socioambientales. A medida que empeoran las condiciones ambientales, se dificulta aún más el ejercicio de cualquier medida de protección estatal y restauración. Se puede asumir que las ZSA, son un indicador evidente de la modalidad de desarrollo con muy alto costo ambiental que impera en Bolivia”, subraya.
ESTADO AMBIENTAL CRÍTICO
El documento indica que en estas condiciones, el estado ambiental y socioambiental de Bolivia al año 2023, ya era crítico y con tendencia a empeorar y asegura que las problemáticas ambientales se han multiplicado de tal forma y cada día se acumula más información de nuevas situaciones o de la agudización de anteriores problemas, que es muy difícil poder expresarlas medianamente detalladas, en documentos que tengan menos de 200 páginas.
…las problemáticas ambientales se han multiplicado de tal forma y cada día se acumula más información de nuevas situaciones…”
“Lo anterior contrasta con los discursos de altos dignatarios de Estado en palestras internacionales, que tienden a minimizar la problemática ambiental, invisibilizar problemas graves como la deforestación acelerada y mostrar un escenario socioambiental totalmente opuesto al que en realidad estamos atravesando, con el agravante de proponer alternativas irrisorias”, sostiene el documento.
Asegura que considerando la superficie total del país y de forma muy general, aunque basada en análisis cartográficos y satelitales rigurosos, alrededor de un 30% ubicada en tierras altas y valles secos, presenta fuerte degradación de suelos y vegetación con escaso relictos naturales dispersos. En esta línea sostiene que un 30% de superficie de ecosistemas en tierras bajas, mayoritariamente en Santa Cruz, aunque sumando menores superficies de zonas amazónicas preandinas de Cochabamba, La Paz y Beni, y parte de Pando y del norte del Beni, presentan fuertes procesos de degradación y devastación de los ecosistemas.
“En este 60% en mal estado ambiental, se ubican las ciudades del país entre grandes, medianas e incluso intermedias. Un 40 % del territorio boliviano tiene ecosistemas en buen estado de conservación, mayormente al interior de las áreas protegidas, y en zonas de difícil acceso como el Norte de La Paz o el norte del Beni, pero este 40%, está fuertemente amenazado por diversos agentes de presión, como la creciente deforestación, megaminería, megarepresas o el avance de la agroindustria y ganadería”, acota.
AMENAZA
Asegura que de continuar las presiones ambientales al actual ritmo y sin recaudos socioambientales ni mecanismos de control y regulación efectivos, el 40% de tierras en buen estado ambiental que aún tiene Bolivia, pasaran a formar parte de las tierras con procesos de degradación ambiental creciente.
De acuerdo al documento, esta situación ambiental crítica, se deriva de un gran denominador común, que es la actual modalidad y visión de desarrollo, totalmente productivista con visión de corto plazo, orientada a un extractivismo primario, y sin visiones de sostenibilidad a largo plazo. De una manera más sintética, asegura que dicha situación adversa, obedece a una falta de voluntad política para dar atención a los temas ambientales y la intencionalidad expresa de no reconocer los problemas ambientales, a lo que se suma, la ausencia de normas importantes, la no observancia de la CPE y normas en general, la crónica debilidad y negligencia institucional que ocasiona omisiones y falencias.
