La autora destaca la implementación de esquemas de zonificación geográfica mediante licitación pública, como una alternativa estratégica para mejorar la eficiencia, la equidad territorial y la transparencia institucional…
EDICIÓN 148 | 2025
Tatiana Genuzio
En el contexto boliviano, donde el abastecimiento de combustibles está marcado por desafíos logísticos, subsidios elevados y riesgos de contrabando, la implementación de esquemas de zonificación geográfica mediante licitación pública emerge como una alternativa estratégica para mejorar la eficiencia, la equidad territorial y la transparencia institucional. Esta herramienta, ampliamente respaldada por organismos multilaterales y experiencias internacionales, permite al Estado organizar el mercado de distribución bajo criterios técnicos, económicos y sociales, garantizando cobertura nacional sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
La zonificación no solo responde a principios de competencia regulada, sino que también permite adaptar el sistema de distribución a las condiciones locales, optimizar costos operativos y atraer inversión privada. En este artículo se analizan sus principales ventajas, referencias internacionales y consideraciones regulatorias para su aplicación en Bolivia.
Desde las buenas prácticas internacionales, la zonificación contribuye a evitar la concentración del mercado en actores dominantes, promoviendo una competencia regulada donde múltiples operadores compiten por zonas específicas bajo reglas claras. Esta estructura reduce el riesgo de colusión informal y permite una distribución más justa del mercado.
En términos de cobertura territorial, la zonificación asegura el abastecimiento en regiones alejadas o menos rentables, que suelen ser desatendidas en esquemas de libre mercado. Para estas zonas, se pueden diseñar incentivos específicos como subsidios cruzados o el uso de infraestructura compartida, mejorando la inclusión energética y la equidad territorial.
La transparencia y trazabilidad también se ven fortalecidas, ya que la licitación pública obliga a publicar criterios técnicos, económicos y sociales para la adjudicación de zonas. Esto facilita la auditoría y el control social sobre precios, márgenes y calidad del servicio, generando mayor confianza en el sistema.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) podría establecer criterios técnicos para definir zonas…”
Desde el punto de vista logístico, la zonificación permite planificar rutas de abastecimiento más eficientes, reducir la duplicación de infraestructura y mejorar la coordinación con operadores logísticos y aduaneros. Esto se traduce en una reducción de costos operativos y una mejora en el retorno sobre activos.
Además, la zonificación permite adaptar el diseño de zonas a variables locales como la demanda energética, la capacidad vial, los riesgos ambientales o la presencia de comunidades vulnerables. Esto facilita la incorporación de criterios de sostenibilidad y transición energética en cada región
Ejemplos internacionales refuerzan la validez de este enfoque. En República Dominicana, la guía de contratación de combustibles promueve la zonificación para mejorar eficiencia y control. En Estados Unidos, los estándares del Instituto Americano del Petróleo (API) establecen criterios para la zonificación operativa que fortalecen la seguridad y equidad. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por su parte, recomienda la zonificación en compras públicas como herramienta para mejorar valor por dinero, transparencia y cobertura territorial.
En Bolivia, la zonificación debe alinearse con los principios establecidos en la Ley N° 1600 del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), que promueve la eficiencia, equidad, competencia y protección al usuario. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) podría establecer criterios técnicos para definir zonas, márgenes máximos y condiciones de servicio, asegurando que la zonificación no derive en monopolios regionales sin controles adecuados.
Desde el punto de vista económico, la zonificación permite reducir costos operativos al optimizar rutas logísticas, minimizar pérdidas por evaporación o derrames, y evitar la duplicación de infraestructura en áreas con baja demanda. También mejora la previsibilidad financiera, ya que la licitación pública establece márgenes operativos claros, plazos definidos y condiciones contractuales estables, lo que facilita la planificación de inversiones, el acceso a financiamiento y la evaluación de riesgos
La segmentación de mercados permite aplicar estrategias diferenciadas de precios, servicios y fidelización, maximizando ingresos en zonas de alta demanda y garantizando cobertura en regiones menos rentables. Además, puede contribuir significativamente a la reducción de pérdidas por contrabando, que en Bolivia alcanzan hasta 600 millones de dólares anuales. Un sistema zonificado con control digital y trazabilidad puede mitigar estas pérdidas, mejorando la rentabilidad del sistema en su conjunto.
Finalmente, delimitar zonas con reglas claras crea un entorno más atractivo para la inversión privada. Los operadores pueden invertir en infraestructura, tecnología y servicios complementarios, reduciendo la carga fiscal del Estado y mejorando la eficiencia del abastecimiento. Una zonificación bien diseñada también puede equilibrar la rentabilidad económica con la rentabilidad social, garantizando acceso en zonas vulnerables sin comprometer la sostenibilidad financiera. Esto permite al Estado focalizar subsidios y controlar mejor el gasto público, que actualmente supera los 2.000 millones de dólares anuales en combustibles.
Concluyentemente, la zonificación geográfica mediante licitación pública constituye una herramienta poderosa para transformar el sistema de distribución de combustibles en Bolivia. Su implementación permite avanzar hacia un modelo más eficiente, equitativo y transparente, donde se optimizan los recursos públicos, se fortalece la competencia regulada y se garantiza el acce so universal al energético.
“Una zonificación bien diseñada también puede equilibrar la rentabilidad económica con la rentabilidad social, garantizando acceso en zonas vulnerables sin comprometer la sostenibilidad financiera.”
(*) Economista con Maestría en Gestión y Políticas Públicas MGPP. Actual viceministra de Industrialización.
