Sin una certificación transparente y actual de reservas de gas, el país estaría caminando a ciegas respecto a uno de sus recursos más estratégicos, vitales para su política energética. En este marco, los analistas invitados al coloquio mensual de la revista indicaron que el Decreto Supremo 5755 es inconstitucional…
EDICIÓN 159 | 2026
Vesna Marinkovic U.
El ingeniero Óscar Siles, presidente de la Asociación de Ingenieros de Energía (AEE), capítulo Bolivia, y el analista en hidrocarburos Jaime Balanza identifican una crisis estructural en el sector energético boliviano, marcada por la caída de la producción de hidrocarburos, la falta de certificación de reservas, problemas institucionales y cuestionamientos a la política de abastecimiento de gas. Ambos especialistas plantean reformas legales, inversiones y cambios regulatorios para recuperar la seguridad energética y avanzar hacia las energías renovables.
La crisis energética que atraviesa Bolivia tiene dimensiones que van más allá de los problemas de abastecimiento de combustibles, es multidimensional, señalan los expertos. Afirman que la caída de la producción de gas natural y líquidos, la ausencia de información actualizada sobre las reservas hidrocarburíferas, las dificultades institucionales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la creciente posibilidad de importar gas natural configuran un escenario que exige una reforma estructural de la política energética nacional.
El análisis también abordó los alcances de los decretos supremos 4794 y 5755, la importación de gas desde Argentina, el desarrollo de biocombustibles, la participación de inversiones privadas y las condiciones legales necesarias para impulsar las energías renovables como, por ejemplo, la aprobación de una nueva ley de tierras.
YPFB: UNA CRISIS MULTIDIMENSIONAL Y UNA ESTRUCTURA QUE NO RESPONDE A LA PRODUCCIÓN
Para el ingeniero Óscar Siles, la situación de YPFB constituye una crisis multidimensional, con componentes logísticos, financieros e institucionales, a los que se suman indicios de irregularidades que deben ser investigados.
Por su parte, Jaime Balanza sostuvo que la dimensión actual de YPFB no guarda correspondencia con los niveles de producción que registra Bolivia. Como referencia, recordó que en 2014 el país producía y comercializaba alrededor de 60 millones de metros cúbicos de gas natural por día, mientras que actualmente la producción se encuentra en torno a los 27 millones. En el caso de los líquidos, señaló que se pasó de aproximadamente 60.000 barriles diarios de condensado a unos 22.000 barriles.
Balanza atribuyó esta caída, como gran parte de los analistas, a la disminución de la producción nacional y a la falta de reposición de reservas mediante actividades de exploración y desarrollo de nuevos campos.
También cuestionó la falta de institucionalidad en YPFB, señalando que durante diferentes administraciones se habrían incumplido procedimientos legales para la designación de autoridades y la certificación anual de reservas. A su juicio, esta situación derivó en problemas de transparencia y en hechos de corrupción que deben ser investigados, además de una pérdida del enfoque estratégico con el que fue concebida la empresa estatal: desarrollar el potencial energético nacional y garantizar prioritariamente el abastecimiento del mercado interno.
RESERVAS DE GAS: BOLIVIA ENFRENTA INCERTIDUMBRE SOBRE SU PRINCIPAL RECURSO ESTRATÉGICO
En este marco, uno de los puntos de mayor preocupación planteados durante el coloquio fue la ausencia de una certificació actualizada de reservas probadas, probables y posibles de gas natural.
Tanto Siles como Balanza coincidieron en que Bolivia necesita conocer anualmente con precisión cuánto gas tiene disponible para planificar su política energética, definir compromisos de exportación y garantizar el abastecimiento interno.
Balanza recordó que la falta de certificación actualizada se arrastra desde hace varios años y cuestionó que no se haya cumplido regularmente con las disposiciones legales que establecen la necesidad de conocer el estado de las reservas nacionales. Siles coincidió con esa preocupación y afirmó que el país está prácticamente caminando a ciegas respecto a uno de sus recursos más estratégicos.
Durante su intervención mencionó estimaciones de 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF) para 2025, aunque advirtió que algunos especialistas consideran que las reservas podrían encontrarse por debajo de los 2,5 TCF o incluso de los 2 TCF. Estas cifras fueron presentadas como estimaciones y no como una certificación oficial actualizada.
El ingeniero también señaló que la producción de gas habría descendido a 26,6 millones de metros cúbicos diarios en 2026, frente a los aproximadamente 60 millones registrados en 2014. En ese contexto, consideró que el Gobierno debe priorizar una nueva certificación de reservas y recuperar las inversiones exploratorias.
DECRETO 5755: CONTROVERSIA POR LA IMPORTACIÓN DE GAS NATURAL
La autorización para importar gas natural y gas natural licuado (GNL), contemplada en el Decreto Supremo 5755, abrió otro capítulo de preocupación entre los especialistas.
Siles dijo que la medida puede entenderse como una previsión ante eventuales dificultades de abastecimiento; pero, advirtió que no debe convertirse en una solución permanente frente a la falta de producción nacional. Según su análisis, si Bolivia comienza a importar gas sin impulsar paralelamente nuevos proyectos de exploración y explotación, podría enfrentar varios años de dependencia externa, remarcado que cualquier importación debería tener un carácter transitorio.
Balanza, en cambio, cuestionó directamente la orientación del decreto y sostuvo que la medida podría entrar en contradicción con la política de prioridad del mercado interno establecida en el referéndum de 2004, la Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos.
El analista presentó una comparación entre producción y consumo nacional. Según sus cifras, Bolivia produce alrededor de 27 millones de metros cúbicos diarios y consume aproximadamente 15 millones, lo que representaría un excedente de 12 millones de metros cúbicos por día. Desde su perspectiva, ese volumen debería destinarse primero a cubrir las necesidades de la industria nacional y de las generadoras eléctricas, antes de recurrir a la importación.
Balanza cuestionó que, existiendo ese excedente según su cálculo, se permita que industrias y generadoras eléctricas busquen gas en el exterior mientras Bolivia mantiene compromisos de exportación.
El especialista considera que esta política debe ser revisada para evitar que el país termine comprando combustible a precios superiores mientras continúa comercializando su producción nacional en mercados externos.
ARGENTINA Y EL GNL: LOS COSTOS DE IMPORTAR ENERGÍA
Asimismo, el analista Jaime Balanza identificó a Argentina como la principal alternativa de suministro externo de gas natural aunque advirtió sobre los costos logísticos que implicaría transportar el combustible desde Vaca Muerta hasta Bolivia. Mencionó un costo de referencia cercano a los nueve dólares por millón de BTU para el transporte por el sistema de gasoductos, al que se deberían añadir los costos de transporte y distribución dentro del territorio boliviano.
También alertó que la importación de GNL podría resultar todavía más costosa debido a la cadena de procesamiento, transporte y regasificación que requiere este combustible.
Balanza explicó que existe una diferencia importante entre el gas licuado de petróleo (GLP), compuesto principalmente por propano y butano, y el gas natural licuado (GNL), compuesto fundamentalmente por metano y sometido a temperaturas cercanas a los 162 grados bajo cero para facilitar su transporte en estado líquido. Precisó que una vez que llega al país, el GNL necesita instalaciones especiales de regasificación para volver a su estado gaseoso y poder ser utilizado por industrias y centrales eléctricas.
Por ello, considera que esta alternativa implica inversiones adicionales y una cadena logística más extensa que el transporte convencional por ductos.
Siles también advirtió sobre el impacto económico de las importaciones. Comparó los precios internacionales del combustible con el costo subsidiado del gas destinado actualmente a la generación termoeléctrica, que situó en aproximadamente 1,30 dólares por millar de pies cúbicos.
A su juicio, sustituir progresivamente el gas subsidiado por combustible importado podría generar presiones sobre los costos de generación eléctrica y, eventualmente, sobre las tarifas que pagan los consumidores. Advirtió que este escenario debe ser considerado en cualquier planificación de la política energética, porque el encarecimiento del combustible puede trasladarse a otros componentes de la economía.
…desarrollar una regulación específica sobre el uso de tierras destinadas a infraestructura energética…”
EL DECRETO 4794 Y EL IMPACTO SOBRE LAS INDUSTRIAS NACIONALES
Balanza también cuestionó el Decreto Supremo 4794, promulgado en 2022 durante el gobierno de Luis Arce Catacora, que suspendió la venta de gas natural a grandes industrias que utilizaban el combustible para generar su propia electricidad.
Anotó que esta disposición obligó a empresas industriales, principalmente de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, a comprar energía eléctrica de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), pese a que muchas habían realizado inversiones para contar con sus propios sistemas de generación a gas.
En su criterio, esta decisión provocó un perjuicio al sector industrial y promovió un esquema de generación eléctrica que podría resultar menos eficiente en determinadas condiciones.
El especialista considera que esta política debe analizarse junto con el nuevo decreto que autoriza la importación de gas, debido a que las industrias que anteriormente utilizaban gas nacional para generar electricidad ahora podrían verse obligadas a buscar alternativas más costosas.
BIOCOMBUSTIBLES SÍ PERO NO ASÍ
Otro de los temas centrales fue el desarrollo de biocombustibles como alternativa para reducir la dependencia boliviana de las importaciones de gasolina y diésel. Balanza recordó que los primeros esfuerzos importantes para impulsar esta industria comenzaron alrededor de 2004, mediante asociaciones entre ingenios y empresas agroindustriales, entre ellas Guabirá y Bermejo.
Sin embargo, cuestionó que actualmente se anuncien incrementos en los porcentajes de mezcla de etanol sin contar, en su criterio, con un marco legal y regulatorio suficientemente desarrollado. El analista resumió su posición con una frase: «Biocombustible sí, pero no así».
Considera que Bolivia tiene condiciones geográficas y productivas favorables para desarrollar esta industria, particularmente por su capacidad agrícola y la disponibilidad de grandes extensiones de terreno.
Según sus estimaciones, la producción nacional de etanol anhidro podría sustituir alrededor de 450 millones de litros de gasolina fósil, mientras que el biodiésel permitiría reemplazar aproximadamente 550 millones de litros de diésel importado.
En conjunto, considera que la sustitución de alrededor de 1.000 millones de litros de combustibles fósiles podría reducir la salida de divisas, mejorar la balanza comercial y generar un efecto multiplicador en la economía nacional.
El especialista destacó particularmente el potencial de Santa Cruz, departamento que, según indicó, concentra la producción nacional de biocombustibles.
No obstante, cuestionó el funcionamiento de las plantas industriales construidas para desarrollar esta actividad y sostuvo que algunas inversiones millonarias no estarían generando los resultados esperados.
También consideró necesario investigar los problemas relacionados con la calidad de la gasolina comercializada en el país. Aclaró que no corresponde atribuir automáticamente estos problemas al etanol o a los biocombustibles, pero sostuvo que tampoco se debe excluir ninguna hipótesis mientras las investigaciones estén en curso.
FALTA DE CONTROLES EN LA MEZCLA DE ETANOL
Uno de los cuestionamientos más específicos de Balanza estuvo dirigido a los procedimientos utilizados para mezclar etanol anhidro con gasolina base. El analista afirmó que Bolivia necesita reglamentos técnicos para el diseño, construcción y operación de plantas de mezcla, conocidas como instalaciones de blending, además de controles de calidad para toda la cadena de almacenamiento, transporte y distribución.
Observó que actualmente se estarían realizando mezclas directamente en plantas de almacenamiento, cargando gasolina base y etanol en camiones cisterna y confiando en que el movimiento durante el transporte permita conseguir una mezcla homogénea. Cuestionó ese procedimiento y sostuvo que la mezcla debe realizarse en instalaciones especialmente diseñadas para garantizar la calidad del producto.
Explicó que el etanol tiene propiedades físico-químicas diferentes a las de la gasolina y que la presencia de agua puede generar problemas de estabilidad y afectar el funcionamiento de los motores.
Por ello, planteó la necesidad de fortalecer las capacidades regulatorias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y establecer normas específicas, distintas, para la producción, mezcla, transporte y comercialización de biocombustibles.
UNA REFORMA ENERGÉTICA INTEGRAL PARA ATRAER INVERSIONES
En la última parte del coloquio, el ingeniero Óscar Siles dijo que las futuras leyes de hidrocarburos, electricidad, energías verdes y litio deben diseñarse de manera coordinada, tomando en cuenta todas las dimensiones del sistema energético nacional.
Valoró la propuesta de una Ley de Energías Verdes que permite clasificar y cuantificar proyectos sostenibles, facilitando el acceso a bonos de carbono, tasas preferenciales y mecanismos de financiamiento verde. Sin embargo, advirtió que una buena legislación sectorial no será suficiente si no se resuelven otros obstáculos relacionados con las inversiones, la seguridad jurídica y las condiciones de arbitraje internacional, para erradicar niveles de incertidumbre.
Por ello, planteó analizar una reforma parcial de la Constitución, siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 411, que contempla mecanismos de modificación mediante iniciativa popular o aprobación legislativa y posterior referéndum, según corresponda.
ENERGÍAS RENOVABLES Y USO DE TIERRAS
Siles también planteó la necesidad de desarrollar una regulación específica sobre el uso de tierras destinadas a infraestructura energética para, por ejemplo, establecer reglas claras sobre la generación distribuida mediante paneles solares, parques eólicos, sistemas de almacenamiento y proyectos de hidrógeno verde..
Explicó que estas tecnologías requieren superficies considerables y que su expansión debe compatibilizarse con las actividades agrícolas, el régimen agrario y los derechos colectivos. Siles advirtió que la multiplicación de este tipo de instalaciones podría generar conflictos por el uso del suelo si no existe una planificación adecuada y propuso una reforma legal específica.
EL DESAFÍO DE RECUPERAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y DIVERSIFICAR LA MATRIZ
La intervención de ambos especialistas refleja una preocupación común: Bolivia necesita redefinir su política energética frente al debilitamiento de su capacidad productiva y los desafíos que plantea la transición hacia nuevas fuentes de energía.
Mientras Siles pone énfasis en la necesidad de recuperar la exploración, fortalecer YPFB, actualizar las reservas y establecer condiciones jurídicas para atraer inversiones, Balanza cuestiona las decisiones que, desde su perspectiva, podrían afectar la prioridad del mercado interno y encarecer el abastecimiento de la industria nacional.
Ambos coinciden en que el país debe recuperar su capacidad de planificación y evitar que las soluciones coyunturales sustituyan una estrategia energética de largo plazo. La discusión deja planteada una interrogante central para el futuro económico de Bolivia: cómo garantizar el abastecimiento interno, recuperar la producción de hidrocarburos, reducir la dependencia de combustibles importados y desarrollar nuevas fuentes de energía sin comprometer la soberanía sobre los recursos estratégicos. p>
El desafío, según los especialistas, no se limita a resolver la crisis inmediata de YPFB. Implica reconstruir las bases institucionales, productivas, jurídicas y regulatorias de un sector del que depende buena parte de la estabilidad económica y el desarrollo del país.
